DOJ: Red de estafas de los abuelos "se dirigía sistemáticamente a los adultos mayores"

Los acusados y sus cómplices recibían el dinero de diversas maneras. A veces, el dinero en efectivo de las víctimas se recogía en persona; otras veces, las víctimas transferían el dinero o pagaban con cheques de cajero o con una aplicación de pago entre particulares. Los acusados blanquearon presuntamente los fondos y los repartieron entre ellos utilizando criptomonedas digitales que son difíciles de rastrear.

Al menos 10 de las víctimas se encontraban en el condado de San Diego, California, según las autoridades. Todos los acusados vivían en uno de los tres estados con mayor número de jubilados —Arizona, California o Florida— en el momento de cometer los delitos.

Sin embargo, las víctimas procedían de diversos lugares, como La Quinta (California), Grand Prairie (Texas), Rocky Face (Georgia) y Farm River (Míchigan).

Todos los acusados tienen entre 20 y 49 años, excepto uno: Lyda Harris, de 73 años, antigua residente de Laveen, Arizona. Harris fue detenida en virtud de una orden de detención provisional en Albania, y Estados Unidos está tratando de lograr su extradición, según las autoridades.

Se invocó la ley RICO, utilizada contra la mafia

Se cree que esta es la primera vez que se utiliza la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) —en inglés— de organizaciones corruptas y delitos influenciados por el fraude organizado en un caso de fraude a personas mayores, dijeron las autoridades. La ley RICO data de 1970, cuando la promulgó el entonces presidente Richard M. Nixon. Según el DOJ, el Congreso aprobó la medida con el propósito declarado de intentar erradicar el crimen organizado en Estados Unidos. Desde entonces, una serie de delincuentes, entre ellos miembros de bandas callejeras y redes de narcotráfico, han recibido el proverbial castigo de la ley RICO.

La investigación fue dirigida por el Grupo Especial de Justicia para Personas Mayores de San Diego, con la ayuda de organismos policiales de Alabama, California, Florida, Georgia, Indiana, Míchigan, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Texas.

"El fraude a los ancianos es un problema masivo y creciente, a medida que la población de nuestro condado envejece, con pérdidas de miles de millones de dólares en todo el país", dijo Suzanne Turner, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Diego. El grupo de trabajo, dijo, "se creó para combinar recursos, experiencia y capacidades a fin de disponer de una respuesta policial sofisticada y coordinada para librar esta batalla".

Además de Harris, de 73 años, los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que otras cinco personas han sido detenidas en el caso: Timothy Ingram, también conocido como "Bleezy", de 29 años, y Anajah Gifford, de 23 años, ambos de North Hollywood, California; Jack Owuor, de 24 años, de Paramount, California; Joaquín López, de 45 años, de Hollywood, Florida, y Tracy Glinton, de 34 años, de Orlando, Florida.

Se cree que otros dos acusados —Tracy Adrine Knowles, de 29 años, antigua residente de Orlando, y Adonis Alexis Butler Wong, de 29 años, antiguo residente de Pembroke Pines, Florida— se encuentran en las Bahamas, según las autoridades.

El abogado de San Diego Jeremy D. Warren, que representa a Glinton, dijo el jueves a AARP que no era apropiado hacer comentarios en este momento. "Nuestro cliente goza de presunción de inocencia, la acusación solo contiene alegaciones, y abordaremos el asunto ante el tribunal", dijo Warren. Otro abogado de Glinton, Fritz Scheller, de Orlando, dijo que en este momento se presume su inocencia y señaló que se ha declarado inocente de los cargos.

La abogada de San Diego Kathryn Thickstun, que representa a Gifford, dijo en un correo electrónico: "Nos encontramos en la fase inicial del caso. Los cargos de la acusación no constituyen prueba de culpabilidad. Y, por supuesto, mi cliente tiene la presunción de inocencia".

El abogado de Ingram, Christopher E. Chaney, de Van Nuys, California, no quiso hacer comentarios.