El último proyecto de ley de salud del Senado intenta revivir el impuesto por edad
Aumentaría las primas del seguro y los gastos que salen del bolsillo y disminuiría los fondos de Medicaid.
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En primer lugar, la propuesta Graham-Cassidy eliminaría los créditos tributarios de las primas. En segundo lugar, la propuesta eliminaría los pagos tan importantes de costos compartidos.
In English | Este último esfuerzo desesperado de los republicanos para derogar la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA) haría que el seguro de salud resultara carísimo para millones de personas y pondría otra vez a Medicaid en el blanco de los recortes financieros.
La propuesta Graham-Cassidy, creada por los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur y Bill Cassidy de Luisiana, destruiría las protecciones al consumidor que establece la ley ACA y les daría a los estados total libertad de decidir cómo reestructurarían la cobertura del seguro de salud para millones y millones de personas.
Al eliminar dos fuentes de asistencia financiera que ayudan a que la cobertura médica sea costeable y accesible, la ley impondría efectivamente un “impuesto por edad” para los adultos mayores.
En primer lugar, la propuesta Graham-Cassidy eliminaría los créditos tributarios de las primas. Estos créditos ayudan a que los adultos mayores puedan pagar la cobertura del seguro de salud. Según un análisis realizado por el Instituto de Política Pública de AARP, aproximadamente seis millones de personas de entre 50 y 64 años compran su seguro de salud en el mercado individual, y alrededor de la mitad de esas personas recibe créditos tributarios que les facilitan el pago de las primas.
En segundo lugar, la propuesta eliminaría los pagos tan importantes de costos compartidos. Estos pagos ayudan a que las personas de bajos ingresos, especialmente los adultos mayores de 50 años o más, puedan hacer frente a los deducibles y copagos de los servicios médicos. Un 58% de los adultos inscritos en los planes del mercado de seguros de la ley ACA recibe asistencia de costos compartidos, y el 35% de este grupo tiene entre 50 y 64 años.
La propuesta Graham-Cassidy también permitiría que los estados obtengan exenciones federales para que las empresas de seguros de salud puedan cobrar más a los adultos mayores a fin de reducir así el costo del seguro de las personas más jóvenes. La ley ACA limita el gasto de los asegurados de más edad a tres veces el monto que pagan los asegurados más jóvenes.
Según el análisis de AARP (en inglés), para una persona de 60 años que gana $25,000 al año, las primas y los gastos que salgan de su bolsillo podrían aumentar hasta $16,174 por año. Si esa persona de 60 años vive en un estado que permite a las empresas de seguros de salud cobrar primas bastante altas a los adultos mayores, su gasto en las primas del seguro podría aumentar un extra de $4,124.
Por ejemplo, en Maine, con la ley ACA, una persona de 60 años que gana $25,000 al año pagaría un promedio de $1,608 por año en primas de seguro médico en el 2020. Con la propuesta Graham-Cassidy, esa misma persona de 60 años podría ver un aumento de hasta $10,404 en las primas. Una persona de 60 años en Alaska podría ver un aumento de $26,986 en sus primas en el 2020.
“La propuesta Graham-Cassidy es un último esfuerzo desesperado de imponer atropelladamente una ley defectuosa, creada a puertas cerradas, en el Congreso”, dijo David Certner, director de política legislativa para asuntos gubernamentales de AARP. “Al igual que las propuestas anteriores, aumentaría los costos del cuidado de la salud al incluir un impuesto por edad, reducir la cobertura y debilitar las protecciones de las personas que viven con enfermedades como el cáncer o la diabetes”.
El proyecto de ley también modificaría en forma sustancial el programa de Medicaid, el cual ha sido una red de protección para millones de personas pobres o con discapacidades. En la actualidad, 17.4 millones de adultos mayores o con discapacidades dependen de Medicaid.
En un período de 20 años, la propuesta Graham-Cassidy recortaría los fondos de Medicaid entre $1.2 y $3.2 billones y traspasaría el control del programa a los estados, trasladando con el tiempo los costos a los estados y a las personas inscritas en Medicaid.
La propuesta también pondría fin a la expansión de Medicaid contemplada por la ACA y en su lugar enviaría pagos globales a los estados desde el 2020 hasta el 2026. Pero estos pagos no compensarían la eliminación de los créditos tributarios, de los pagos de gastos compartidos ni del dinero que los estados recibieron para expandir el programa de Medicaid. Además, los fondos federales de Medicaid se eliminarían en el año 2027, lo que dejaría a los estados por su cuenta.
Esto significa que los estados deberán decidir cómo compensar ese déficit económico, lo que probablemente harán con la eliminación de servicios, la reducción de los requisitos para calificar a este beneficios o la reducción de los pagos a médicos y hospitales —algo que probablemente dará como resultado un número menor de proveedores dispuestos a atender a pacientes de Medicaid—. También es posible que los estados se vean forzados a reducir servicios de atención a largo plazo con los que cuentan muchos adultos mayores, entre ellos los servicios en el hogar y en la comunidad y la atención en hogares de ancianos.
El líder de la mayoría en el Congreso, Mitch McConnell (republicano por Kentucky), ha dicho que presentará el proyecto de ley Graham-Cassidy a votación en el Senado solamente si cuenta con 50 votos. Si los republicanos consiguen 50 votos, entonces el vicepresidente Mike Pence emitiría el voto aprobatorio que quebraría el empate. Los patrocinadores del proyecto de ley dijeron que estaban próximos a lograr el cierre de ese umbral de votos y el líder de la mayoría anunció que tiene la intención de presentar la propuesta en el Senado la semana próxima.
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