Entran en vigor nuevas reglas en hogares para adultos mayores
Ahora los residentes tendrán más control de su atención.
Cerca de los 1,4 millones de residentes de hogares para adultos mayores en todo el país ahora pueden estar más involucrados en su atención; esto debido a la nueva y más amplia revisión de las normas federales que estos centros hayan tenido en 25 años.
Los cambios se enfocan en “centrar la atención en la persona”, incluyendo requisitos para planes de atención rápida, mayor flexibilidad y variedad en comidas y bocadillos; mejor revisión del régimen de medicamentos, más seguridad, mejores procedimientos para reclamos, y un escrutinio más profundo de altas involuntarias.
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“Con una implementación y cumplimiento adecuados, esto podría realmente transformar la experiencia de un residente de un hogar”, dijo Robyn Grant, directora de políticas públicas y defensa para Consumer Voice, un grupo nacional que aboga por los derechos de los residentes de hogares para personas mayores.
Los programas federales de Medicare y Medicaid pagan la mayor parte de la atención de los hogares de la nación —alrededor de $75 mil millones en 2014— y, a cambio, las instalaciones deben cumplir con las normas del gobierno. La nueva regulación, propuesta en 2016 por Sylvia Burrel, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), se implementará en tres fases. La primera comenzó en noviembre.
Durante esta fase inicial los residentes y sus familias pueden “estar mucho más involucrados en el diseño de su plan de atención y en el proceso para ser dados de alta”, dijo David Gifford, vicepresidente de la American Health Care Association, que representa unas 12.000 instalaciones de este tipo.
Grant va incluso más allá, diciendo que el nuevo enfoque pone “al consumidor en el asiento del conductor”. Hasta ahora, señaló, en la mayoría de los casos solo el personal de los hogares decidía sobre el cuidado de una persona. “Y si el residente era afortunado, se le informaba sobre las implicaciones de ese plan de atención, qué se haría específicamente y quién lo ejecutaría”.
El HHS revisó unos 10.000 comentarios sobre su propuesta antes de finalizar los cambios. Una de las medidas más controversiales prohibiría que los hogares requieran que los residentes acuerden por adelantado que cualquier disputa se resuelva a través de un arbitraje privado, y no en una corte judicial. La asociación que representa a la industria la objetó, alegando que los funcionarios del Medicare tienen autoridad solo para regular asuntos relacionados con la salud y seguridad de los residentes y que los derechos de un individuo de usar el arbitraje no pueden limitarse. La prohibición está en suspenso hasta que se falle sobre la demanda de la asociación; demanda que reclama que el gobierno abandone esta disposición.
A continuación se detallan los requisitos vigentes más sobresalientes:
Hacer que los residentes de los hogares se sientan más como en casa. Los reglamentos dicen que los residentes tienen derecho a “comidas y bocadillos alternativos... en horarios no tradicionales o fuera de horarios de comida ya programados”. Los residentes también pueden elegir a sus compañeros de cuarto, lo que podría incluir a hermanos o parejas del mismo sexo. Y un residente también tiene “el derecho de recibir a los visitantes de su elección en el momento de su elección”, siempre y cuando esto no se imponga sobre los derechos de otros residentes.
Reforzar los procedimientos de reclamos. Ahora, los hogares deben nombrar un funcionario que manejará las quejas y seguirá un proceso más estructurado. Las decisiones deben ser por escrito.
Desafíos a las altas. Los residentes ya no pueden ser dados de alta mientras exista una apelación. Tampoco por falta de pago si han solicitado el Medicaid u otro seguro, si están esperando una decisión sobre un pago, o si han apelado un reclamo denegado.
Si un hogar se niega a aceptar a un residente que quiere regresar luego de una hospitalización, este puede apelar la decisión. Además, los residentes que ingresan al hospital tienen derecho a regresar a su misma habitación, si está disponible.
El ombudsman de cuidado a largo plazo (en inglés) de un estado ahora debe obtener copias de cualquier alta involuntaria para que la situación pueda revisarse lo más rápido posible.
Ampliar la protección contra el abuso. La definición de abuso ahora incluye la explotación financiera. A los hogares se les prohíbe contratar profesionales que tengan su licencia afectada por una acción disciplinaria por abuso, negligencia, maltrato o explotación financiera de los residentes.
Asegurar un personal calificado. Los grupos de defensa habían instado a los funcionarios federales a establecer niveles mínimos de calificación para enfermeras registradas y asistentes de enfermería, pero la industria se había opuesto a cualquier mandato y ninguno estaba incluido en la regla final. Pero ahora, las instalaciones deben tener suficiente personal calificado y competente para satisfacer las necesidades de los residentes. También hay requisitos de capacitación específicos para cuidar a los pacientes con demencia y para prevenir el abuso de las personas mayores.
“La competencia y los niveles del personal no son mutuamente excluyentes”, dijo Toby Edelman, abogado en el Center for Medicare Advocacy. La atención centrada en la persona y otras mejoras “no significan nada si no se tiene el personal que conozca a los residentes... y que pueda averiguar por qué la señora Smith está gritando”.
Sin embargo, la necesidad de un cierto número de enfermeras podría ser contraproducente, dijo Gifford. “Podría resultar que en lugares que están por encima de los índices disminuyan su personal y que otros aumenten la dotación cuando no lo necesitan mientras podrían estar poniendo sus recursos en una mejor atención para los residentes”.
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Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation.