Un cambio en el Seguro Social podría afectar a las personas con discapacidad visual

Tiggemann dijo que la SSA envió mensajes a los usuarios de My Social Security el 14 de junio "que explicaban que ya no proporcionaremos avisos en formato especial (SNO) de las comunicaciones disponibles en línea a nuestros clientes que optaron por no recibir notificaciones impresas". Añadió que, dos semanas después, la agencia hizo un seguimiento con "avisos por correo certificado, en el formato de aviso especial correspondiente", para asegurarse de que los destinatarios afectados recibieran la noticia.

Algunas personas con pérdida de visión pueden utilizar productos de tecnología de apoyo como lupas especializadas, anotadores electrónicos en braille y programas de lectura de pantalla. Otras tal vez recurran a amigos o familiares para que las ayuden a crear y utilizar una cuenta My Social Security.

Aun así, exigir a las personas con discapacidad visual que realicen trámites en línea para evitar ser eliminadas de la lista de opción de aviso especial es "un poco preocupante", dice Phil Armour, economista laboral que estudia el Seguro Social y el seguro por discapacidad.

"Como ha demostrado la pandemia, no todo el mundo tiene internet ni es experto en internet o tiene una conexión a internet fiable", dice Armour, profesor de análisis de políticas en Pardee RAND Graduate School en Santa Mónica, California.

Clark Rachfal, director de defensa y asuntos gubernamentales del American Council of the Blind, con sede en Alexandria, Virginia, también indica que este cambio es "preocupante" y potencialmente "confuso" para los beneficiarios con discapacidad visual.

"A medida que las personas envejecen, tienen más probabilidades de padecer una discapacidad, incluida la pérdida de visión relacionada con la edad", afirma. "Este cambio tiene el potencial de afectar a millones de personas en el país".

La organización sin fines de lucro American Foundation for the Blind estima que alrededor de 32 millones de adultos en el país —entre ellos 9.2 millones de 65 años o más— experimentan una pérdida de visión significativa, según los datos del 2018 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

Una demanda amplió las opciones

El American Council for the Blind presentó una demanda colectiva contra la SSA en el 2005 en la cual alegaba que la agencia negaba a las personas con discapacidad visual la igualdad de acceso a las prestaciones y programas al no proporcionarles opciones de comunicación más amplias.

"Alguien recibía una carta del Seguro Social en letra pequeña estándar en la que se le decía que tenía 30 días para responder, pero no podía leerla ni completar la solicitud de información, por lo que sus beneficios serían cancelados", dijo Rachfal.

Antes de ese caso, las opciones de aviso para los beneficiarios con discapacidades visuales incluían el correo certificado y de primera clase, y las llamadas telefónicas. Después de que un juez federal diera la razón a los demandantes en el 2009, la SSA añadió formatos especializados, como la letra grande, el braille y los CD.

Tras señalar el potencial ahorro de costos que supondría la posible reducción de envíos de avisos especiales, Rachfal afirmó que es "loable eliminar el despilfarro", pero la SSA "debería hacerlo de forma que no se perjudique el servicio".

Armour dice que "ha visto movimientos en la dirección opuesta, en los que las agencias [gubernamentales] han tratado de pensar en formas de difundir las noticias". Cita los esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos para notificar a los contribuyentes que carecen de seguro médico sobre las opciones de cobertura de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio.

La SSA ha llevado a cabo actividades de divulgación similares en otros ámbitos. Por ejemplo, desde finales del año pasado, la agencia ha estado enviando avisos a quienes reciben prestaciones del Seguro Social y que también pueden tener derecho a la Seguridad de Ingreso Suplementario, un programa administrado por la SSA que proporciona asistencia en efectivo a personas mayores, discapacitadas o ciegas con bajos ingresos.

"Dificultar el conocimiento y la solicitud de las prestaciones por discapacidad realmente excluye a las personas", afirma Armour. "Tiende a excluir de forma desproporcionada a quienes tienen más probabilidades de ser acreedores a los beneficios".