Vida Sana
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Los empleados que desean mantener su información médica y genética en privado recibieron un fuerte apoyo recientemente, ya que un juez federal dictaminó en contra de normas que impondrían un alto precio a quienes no quisieran compartir esa información con su empleador.
Las normas permitían que las empresas penalizaran financieramente a los empleados que decidieran no compartir su información médica y genética con el programa de bienestar en el lugar de trabajo. Si bien estos programas se han promocionado como una manera de alentar conductas saludables, muchos empleados no desean compartir la información sumamente personal que los programas requieren para poder participar y que podría ser utilizada como base de discriminación en el empleo.
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El juez federal de distrito John D. Bates falló el martes en contra de las normas emitidas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) que permitían que las empresas cobraran penalidades a los trabajadores que decidieran no participar en tales programas. Las penalidades podían llegar a duplicar o triplicar lo que el empleado paga por la cobertura del seguro de salud.
El pasado mes de octubre AARP inició un juicio contra la EEOC (en inglés) para bloquear las normas. Si bien la ley requiere que la participación sea voluntaria, AARP argumentó que las reglamentaciones eran, en realidad, coercitivas y forzaban a los empleados a decidir entre proteger su información médica o pagar cientos, sino miles de dólares más por su cobertura de seguro médico.
Lisa Marsh Ryerson, presidenta de AARP Foundation, dijo que el fallo del juez fue “una gran victoria para los trabajadores”.
Dado el riesgo de discriminación, "nadie debería verse obligado a revelar información personal de salud en el trabajo", dijo Ryerson.
Según la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), en general los empleadores no pueden pedir a sus trabajadores información sobre su salud personal o la salud de su familia relacionada con enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, depresión, trastorno bipolar y otras enfermedades. Hay una pequeña excepción para los programas de bienestar en el trabajo, pero solamente si es en forma voluntaria.
El juez determinó que las normas tendrían un costo particularmente alto para los empleados de bajos ingresos y que probablemente "afectarían en forma desproporcionada a las personas con discapacidades".
El tribunal dijo que resultaría muy problemático anular las normas inmediatamente, pero ordenó a la EEOC “revisar las deficiencias de las normas (en inglés) de manera oportuna”. La EEOC tiene 30 días para comunicar al tribunal su plan para resolver los problemas que existen con las normas.
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