Vida Sana
In English | Millones de adultos en EE.UU. podrían perder su cobertura de salud, y el sistema de cuidado médico del país podría entrar en caos a menos que la validez de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA) se sostenga plenamente, afirman AARP y AARP Foundation en un informe sucinto en el que exhorta a un tribunal federal de apelaciones a mantener la constitucionalidad de la histórica ley.
El mes pasado, la Administración del presidente Trump cambió por completo su postura sobre la validez de la ACA y ahora apoya una demanda judicial entablada por Texas y 19 otros estados que sostiene que cuando el Congreso eliminó la multa de impuestos de la ley, la ley completa se invalidó. El escrito de amicus curiae de AARP, presentado ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. del Quinto Circuito, rechaza ese argumento e insta a los jueces a revocar el fallo emitido en diciembre por un juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Texas.
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"Si este Tribunal halla que la ACA no es válida, millones de adultos mayores perderán la cobertura médica y las protecciones al consumidor con las que han contado desde hace años", declara el escrito. "También, los programas de Medicare y Medicaid entrarían en un caos fiscal y administrativo, lo que trastocaría el sistema de cuidado médico y la economía de la nación". Y "las más de 100 millones de personas con enfermedades preexistentes se encontrarán en un abismo de incertidumbre sin saber si podrán obtener cobertura", agrega el escrito.
"AARP se opone categóricamente a cualquier intento de desmantelar la ACA, que indudablemente amenazará la salud y estabilidad económica de millones de adultos en EE.UU., incluidos los adultos mayores, que la ley ha respaldado por casi una década", dice Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva y directora de Activismo Legislativo y Compromiso, de AARP. Desautorizar la ACA aumentaría los gastos de bolsillo de los adultos mayores, dice LeMond, al revertir los adelantos logrados en cerrar la brecha de cobertura de la Parte D, o "donut hole", y eliminaría "protecciones al consumidor clave, entre ellas impedir que los aseguradores cobren un impuesto por edad y garantizar la cobertura para personas con enfermedades preexistentes".
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