Leyes y protecciones para los adultos mayores en Estados Unidos

Mi madre compró una casa de ladrillos rojos en la zona sureste de Washington D.C. en 1957 y terminó de pagarla en 1977. Esa es la casa donde crecimos mi hermano y yo, y donde hemos vivido juntos de nuevo después de que mi madre falleció en el 2006. Mi hermano, Steven, realizaba pagos periódicos de los impuestos sobre la propiedad, pero teníamos que verificar continuamente para estar seguros de que los pagábamos a tiempo, porque no estábamos recibiendo ninguna factura de impuestos. Me acuerdo de que una vez llamé a la oficina de impuestos y alguien me dijo: “Bueno, señor Phillips, si no está recibiendo una factura, entonces no se preocupe por eso”.

"Y puedo mirar la foto de mi madre y decir, 'Hicimos lo correcto. Todo quedó resuelto'".

— Melvin Phillips

AARP

No fue hasta el 2011 que nos enteramos de que había un problema, y era serio: habían puesto la casa a la venta por impuestos atrasados. El aviso decía que debíamos $8,000, pero la mayoría de eso eran intereses y multas. La deuda original era de $2,800.

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Antes de la fecha de la audiencia, leí mucha de información en internet y de un par de libros de abogacía que teníamos en la casa. Pensé que tenía una idea sobre lo que necesitaba decir. Le explicaría al juez que no habíamos estado recibiendo las facturas de impuestos, y todo se solucionaría. Pero cuando llegué a la sala del tribunal, estaba llena de abogados que representaban a clientes de bienes raíces, y yo estaba solo. Estos abogados se reían y bromeaban entre ellos —iban a ese lugar todos los días—. 

Durante la audiencia de mi caso, el juez no quiso escuchar mi historia. Preguntó si yo estaba preparado para restituir $16,000 ese día, una cantidad que incluía los honorarios de abogado de la empresa que había comprado el gravamen impositivo. “No”, dije. Estaba completamente anonadado. En D.C. en esa época, si perdías tu hogar debido a los impuestos atrasados, también perdías todo el valor líquido de la vivienda. No la vendían para pagar los impuestos ni te daban el resto para que vivieras de eso. La empresa que compró el gravamen impositivo de $2,800 sobre nuestra casa recibiría todo el dinero que nuestra madre había pagado y toda la revalorización desde ese momento. Íbamos a perder nuestro hogar. 

Cuando salía de la sala del tribunal, aturdido, se me acercó alguien de Legal Counsel for the Elderly (en inglés) –LCE, Asesoría Jurídica para Adultos Mayores–. Nunca había escuchado de la LCE. Es la filial de defensa jurídica de AARP para los adultos mayores que viven en D.C., donde está ubicada la sede de la asociación. La LCE envía a abogados al tribunal de ejecuciones hipotecarias e intenta ayudar a los adultos mayores cuando puede.