Aumentan casos de COVID en hogares de ancianos: AARP pide la vacunación obligatoria

En Florida, donde funcionan más de 700 hogares de ancianos, los datos semanales muestran que los casos casi se cuadruplicaron —pasaron de 120 a 478— entre la semana que terminó el 27 de junio y la semana que terminó el 18 de julio. Para el 18 de julio, el 40% de los hogares en ese estado habían reportado al menos una infección del personal durante el período de cuatro semanas que cubre el informe, lo que representa casi el triple del promedio nacional.

Si bien los recuentos más recientes de casos de COVID-19 son bajos en comparación con el aumento que se vio durante el invierno en los hogares de ancianos, cuando se registraron más de 200,000 a nivel nacional en un período de cuatro semanas, “la trayectoria es preocupante”, dice Ari Houser, de AARP, asesor sénior de métodos y coautor del análisis. “Especialmente por el aumento significativo de casos que hemos visto recientemente en la comunidad en general”.

“Si el virus se transmite de manera más eficiente en la comunidad, independientemente de las medidas que tomemos para proteger estos centros, la posibilidad de que el virus entre aumentará, porque es más probable que las personas que trabajan allí y los visitantes se contagien”, dice Justin Lessler, profesor adjunto de Epidemiología en la Facultad Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins.

Las órdenes de vacunación cobran impulso

A medida que se acelera la propagación de la variante delta y los índices de vacunación de los trabajadores de hogares de ancianos continúan rezagándose, son más los estados y proveedores de cuidados a largo plazo que están exigiendo la vacunación contra la COVID-19 de los trabajadores de hogares de ancianos como condición de empleo.

A nivel nacional, solo el 60% de los trabajadores de hogares de ancianos estaban completamente vacunados contra la COVID-19 al 18 de julio, y el porcentaje entre los residentes era del 82%, según el análisis de AARP. Solo una cuarta parte de todos los hogares habían alcanzado el objetivo de la industria de vacunar al menos al 75% de su personal. En Luisiana, Florida, Misuri, Misisipi, Oklahoma, Georgia, Kentucky y Tennessee, menos del 50% de los trabajadores están completamente vacunados.

Algunos centros de cuidados a largo plazo comenzaron a exigir la vacunación de los trabajadores a principios de diciembre del 2020, cuando las primeras vacunas recibieron la autorización de uso de emergencia. Sin embargo, la mayoría de los hogares de ancianos no lo hicieron, y citaron la falta generalizada de vacunas, la escasez existente de personal y las posibles demandas judiciales como los principales problemas. La fuerza laboral de cuidados a largo plazo, que suele tener bajos salarios y escasos beneficios, se ha visto afectada en forma desproporcionada por la COVID-19; en general, está compuesta por una gran proporción de trabajadores negros, que son más cautelosos con las vacunas que otros grupos poblacionales en Estados Unidos (enlace en inglés).

Pero California, Massachusetts, Connecticut y Washington han introducido recientemente mandatos para los trabajadores de hogares de ancianos, y la mayoría les ha otorgado un plazo de vacunación hasta fines octubre o antes. Algunas de las cadenas de cuidados a largo plazo más grandes del país, entre ellas Genesis HealthCare, Brookdale Senior Living y Good Samaritan, están haciendo lo mismo.

“Ahora que las vacunas están ampliamente disponibles y se ha demostrado científicamente que son seguras y son el método más eficaz para prevenir la hospitalización y la muerte, sería absolutamente irresponsable que cualquiera que trabaje en un centro de cuidados a largo plazo no reciba esta protección, que podría evitar la infección generalizada entre los que son más vulnerables a morir a causa de esta enfermedad contagiosa”, dijo en un comunicado el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

“Si bien hubiéramos preferido mucho más un proceso estrictamente voluntario, nuestro compromiso con la salud y la seguridad supera las inquietudes sobre la imposición de un requisito”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de Genesis, Harry Wilson. “La vacunación universal contra la COVID-19 proporciona el curso de acción más seguro y eficaz para garantizar la salud y el bienestar de nuestros pacientes, residentes y empleados”.

El análisis de AARP, llevado a cabo por el Instituto de Política Pública de AARP y el Scripps Gerontology Center de Miami University en Ohio, se basa principalmente en datos obtenidos del Nursing Home COVID-19 Public File, un archivo público de datos de hogares de ancianos con relación a la COVID-19 que publican los CMS. La mayoría de los hogares de ancianos están certificados por el Gobierno federal y están obligados a presentar informes al Gobierno semanalmente (algunos enlaces en inglés).

El análisis en curso captura datos solo de hogares de ancianos certificados por el gobierno federal, no de todas las instalaciones a largo plazo (como vida asistida, vida independiente, cuidado de la memoria y otros), como lo hacen algunos otros recuentos. El próximo mes se publicará un análisis actualizado a medida que se disponga de nuevos datos federales. Lea más sobre el análisis (enlace en inglés).

Emily Paulin colabora con artículos sobre hogares de ancianos, atención médica, y política federal y estatal. Su trabajo también ha aparecido en la publicación australiana sobre estilo de vida Broadsheet.