Vida Sana
![Un hombre sentado en una silla de ruedas en el pasillo de un hogar de ancianos. Un hombre sentado en una silla de ruedas en el pasillo de un hogar de ancianos.](https://cdn.aarp.net/content/dam/aarpe/es/home/recursos-para-el-cuidado/seguro-medico-beneficios/info-2020/investigan-hogares-de-ancianos-reciben-dinero-por-covid/_jcr_content/root/container_main/container_body_main/container_body1/container_body_cf/container_image/articlecontentfragment/cfimage.coreimg.50.932.jpeg/content/dam/aarp/caregiving/2020/11/1140x655-man-wheelchair-nursing-home-esp.jpg)
Hace poco, un hogar de ancianos en Kansas fue noticia nacional (enlace en inglés) después de revelar que todos sus 62 residentes habían dado positivo a la COVID-19. Al menos 10 murieron. Unos meses antes, el centro había sido citado por no cumplir con las pautas federales de control de infecciones. Los miembros del personal no usaban mascarilla todo el tiempo y dijeron que no habían recibido una capacitación completa sobre el control de infecciones.
Sin embargo, el centro Andbe Home en Norton, Kansas, había recibido más de $300,000 en apoyo federal a través de un programa establecido por el Congreso para ayudar a los hogares de ancianos y otros proveedores de cuidados de salud durante la pandemia. El programa, conocido como Fondo de Ayuda para Proveedores (Provider Relief Fund), comenzó a distribuir decenas de miles de millones de dólares en ayuda federal poco después de su creación con la aprobación de la ley CARES en marzo. Se asignaron aproximadamente $21,000 millones a los hogares de ancianos (este total no incluye los préstamos del Programa de Protección de Pago ni el apoyo estatal que recibieron muchos establecimientos).
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El apoyo del Gobierno ha sido descrito como un maná por una industria de hogares de ancianos que se ve afectada por la pandemia de coronavirus. Más de 67,000 residentes y personal de hogares de ancianos han muerto a causa de la COVID-19, lo que representa más de un cuarto de todas las muertes por coronavirus del país. En general, los centros de atención a largo plazo han visto más de 90,000 muertes, o un 40% de todas las muertes causadas por el virus.
Y mientras los casos aumentan en todo el país y los centros de cuidados a largo plazo se preparan para un invierno difícil, los hogares de ancianos están pidiendo más fondos. Dos de las organizaciones comerciales más grandes de la industria, la American Health Care Association/National Center for Assisted Living y LeadingAge (enlaces en inglés), han pedido que se asignen $100,000 millones adicionales al Fondo de Ayuda para Proveedores.
Pero muchos expertos y organismos fiscalizadores de la industria se oponen a distribuir más ayuda federal sin comprender mejor a dónde va el dinero. Los registros públicos muestran que los fondos de ayuda han ido a parar a centros que han sido citados repetidamente por violaciones de salud, cuidados insuficientes o cosas peores. Una investigación de The Washington Post (enlaces en inglés) encontró que cientos de millones de dólares en ayuda se enviaron a centros que habían sido demandados en los últimos años por fraude a Medicare. "Soy escéptico y me preocupa el destino de ese dinero", dice Mike Wasserman, expresidente de la California Association of Long-Term Care Medicine.
Él y otros críticos de la industria dicen que los fondos federales han sido distribuidos sin suficiente transparencia y con muy pocas condiciones, lo que potencialmente abre las puertas para que grandes empresas con fines de lucro aumenten sus ganancias. Los registros públicos muestran qué operadores han recibido dinero —y cuánto— pero no cómo se ha gastado ese dinero. Los pagos varían considerablemente de un establecimiento a otro. El centro de enfermería especializada Brooks Rehabilitation en Jacksonville, Florida, recibió más de $2 millones a través del Fondo de Ayuda para Proveedores, mientras que el hogar de ancianos y centro de vida asistida Lutheran Haven en Oviedo, Florida —aproximadamente a dos horas al sur de Jacksonville— recibió poco más de $300.000.
Se espera que el Gobierno federal ponga en marcha un sistema de auditoría a principios del año que viene para rastrear cómo los centros han gastado el dinero que recibieron. Pero a medida que aumentan las peticiones de pagos de estímulo adicionales, los expertos temen que la auditoría sea demasiado pequeña y llegue tarde, y que las grandes empresas con fines de lucro puedan proteger el dinero de la vista del público.
"Estamos hablando de miles de millones de dólares", dice Elaine Ryan, vicepresidenta de Defensa de Derechos y Estrategias Estatales de AARP. "No digo que sea adecuado o inadecuado. Solo digo que los contribuyentes, los residentes y el personal merecen respuestas. ¿Qué se ha hecho con esos fondos?".
'El sector sigue perdiendo dinero'
Pocos cuestionan que la pandemia asestó un golpe financiero a la industria de los hogares de ancianos. Muchos centros de enfermería —con o sin fines de lucro— dependen de los pagos de Medicare para los pacientes en rehabilitación a corto plazo y de los pagos de Medicaid para los residentes de centros de cuidados a largo plazo. Cuando disminuyeron las operaciones electivas y los hogares de ancianos se volvieron menos atractivos para los pacientes a corto plazo en medio del desastre de la COVID-19, los fondos de Medicare se agotaron. Y a medida que las familias de los residentes los retiraban de los centros —y residentes infectados con COVID-19 morían y las camas quedaban vacías por falta de nuevos residentes—, los hogares también quedaron con menos beneficiarios de Medicaid.
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