Vida Sana
Para comprender quién o qué es responsable de las más de 100,000 muertes que causó el coronavirus entre los residentes y el personal de los centros de cuidados a largo plazo del país entre marzo y mediados de noviembre, es oportuno considerar una catástrofe devastadora que azotó en el 2005: el huracán Katrina.
Durante los días, semanas y meses después de que Nueva Orleans se viera abrumada por las inundaciones causadas por el huracán, los críticos señalaron que las causas de todo el dolor sufrido habían sido la lenta respuesta del Gobierno federal, las decisiones que tomaron el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado, una demora en la actuación del presidente de Estados Unidos, la avaricia y la influencia de las empresas privadas e incluso la terquedad de los residentes de la ciudad. Y muchas de las recriminaciones tuvieron cierto margen de verdad. Sin embargo, el tiempo demostró que lo sucedido se debió a dos causas simples pero fundamentales: las malas decisiones de infraestructura que se remontan a décadas atrás —en el caso de Nueva Orleans, un sistema de diques inadecuado y mal mantenido— y una tormenta de tal magnitud que tras, la brecha de 23 diques, no quedó mucho que pudiera hacerse para evitar que el 80% de la ciudad quedara bajo el agua.
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Los expertos predicen un proceso similar para lo que ha estado sucediendo en los hogares de ancianos del país durante la pandemia de COVID-19. Sí, señalan, se puede y se debería culpar el modo en que los funcionarios electos, los reguladores, los propietarios y otras personas respondieron a la crisis. Sin embargo, la industria de los hogares de ancianos existe como es hoy debido a regulaciones y leyes federales de hace 85 años. La infraestructura que crearon estas leyes, sin importar su buena intención, no anticipó el futuro ni podría predecir una crisis de salud pública de esta magnitud, velocidad y mortandad.
Para comprender bien las causas subyacentes de la tragedia que han enfrentado los hogares de ancianos durante los últimos nueve meses, AARP conversó con docenas de expertos que incluyeron científicos, investigadores, historiadores, médicos, miembros del personal de hogares de ancianos y líderes de la industria. Las entrevistas revelaron errores graves y leves en cada nivel, desde el Gobierno federal hasta los estados, los departamentos de salud locales y los hogares de ancianos individuales. Esto es lo que nos dijeron.
EN FALTA
Leyes obsoletas
- Las leyes de la década de 1950 dieron lugar a que la mayoría de los hogares de ancianos se convirtieran en entornos similares a hospitales.
- Las leyes de la década de 1960 acabaron por hacer que los hogares de ancianos dependieran del financiamiento del Gobierno.
- Las reglas de Medicaid obligan a muchos a alojarse en hogares de ancianos en contra de su voluntad.
“Míralo desde una perspectiva más amplia”, señala Eric Carlson, un abogado de Justice in Aging que en junio declaró ante el Congreso sobre el impacto del virus en los hogares de ancianos. “Si vives en un mundo en el que es posible que haya una pandemia, que es nuestro caso, parece una mala idea poner a 150 personas de más de 80 años juntas en lugares reducidos, de a dos por habitación, y hacerlas dormir a cuatro pies de distancia entre sí. Es prácticamente lo peor que puedes hacer”.
Sin embargo, eso es precisamente lo que las leyes federales que rigen los más de 15,000 hogares de ancianos del país nos han llevado a hacer. De hecho, la ley que creó el Seguro Social en 1935 plantó las semillas. Con la intención de mantener a las personas mayores fuera de hospicios públicos, la Ley del Seguro Social prohibió los pagos a los residentes de instituciones públicas, lo que ayudó a impulsar el surgimiento de los hogares de ancianos privados.
La próxima ley que tuvo una gran influencia en los hogares de ancianos actuales llegó en 1954. La Ley Hill-Burton, que financió la construcción de hospitales, se amplió ese año para disponer préstamos y subsidios para construir hogares de ancianos que acordaron ofrecer atención de bajo costo. La ley instituyó el modelo médico de hogares de ancianos, según el cual los adultos mayores se alojan en instituciones que parecen hospitales más que, digamos, dormitorios de residencias universitarias o apartamentos. Es un modelo que continúa en la actualidad.
Sin embargo, la industria recibió más influencia de la creación de Medicare y Medicaid en 1965. Medicare, el programa federal de seguro médico para personas de 65 años o más, se estableció para pagar consultas médicas, visitas hospitalarias y estadías breves en hogares de ancianos. Pero Medicaid, que cubre principalmente a las personas de bajos ingresos y se financia con fondos estatales y federales de contrapartida, se convirtió en el pagador de la atención a largo plazo en asilos de ancianos.
Antes del lanzamiento de Medicare y Medicaid, pocas familias luchaban por pagar la atención en hogares de ancianos, según Bruce Vladeck, un experto en normativa de hogares de ancianos que a mediados de la década de 1990 fuera el administrador de la agencia federal que dirigía Medicaid y Medicare. En ese entonces, la atención en los hogares de ancianos era relativamente económica, señala. Y pocas personas vivían lo suficiente como para necesitarla.
Sin embargo, al dramático crecimiento de la expectativa de vida en la segunda mitad del siglo XX se sumó el aumento del costo de la atención médica y los hogares de ancianos. Eso creó la dificultad económica que muchas personas de clase media enfrentan hoy en Estados Unidos. “El gran incremento de los precios de la atención médica del país no comenzó sino hasta principios de la década de 1960”, indica Vladeck.
Según los críticos, el derecho a recibir Medicaid es el principal causante de la industria de hogares de ancianos que tenemos hoy. Si bien numerosos estudios y encuestas demuestran que pocos adultos mayores preferirían vivir en hogares de ancianos, estos centros se han convertido en la única opción viable para quienes no pueden seguir viviendo en su hogar sin asistencia remunerada.
Según la ley de Medicaid, los estados deben pagar la atención en los hogares de ancianos para todo aquel que reúna los requisitos. Los estados no están obligados a pagar los servicios a domicilio y en la comunidad que ayudarían a los adultos mayores a permanecer en su hogar. Si un estado desea ofrecer esos servicios, puede solicitarle una exención al Gobierno federal. Incluso si se aprueba, muchas exenciones tienen límites de inscripción. Y en algunos casos, las listas de espera de quienes desean recibir atención en el hogar cubierta por Medicaid son tan largas que las personas mueren antes de recibirla.
Convertir los hogares de ancianos en la opción de facto para los adultos mayores del país que necesitan atención preparó el terreno para los estragos que causó la pandemia, según Patricia McGinnis, directora ejecutiva de California Advocates for Nursing Home Reform.
“Los hogares de ancianos no son buenos lugares para nadie excepto para recibir rehabilitación temporal”, indica McGinnis. “Me gustaría que esto fuera una llamada de atención a que el sistema no está funcionando”.
EN FALTA
Funcionarios gubernamentales
- Las primeras decisiones sobre la pandemia restaron prioridad a los hogares de ancianos.
- Meses de limitaciones en las pruebas de detección permitieron que el virus se propagara sin control.
Aún con el sistema defectuoso vigente, los expertos indican que se podrían haber salvado vidas si los funcionarios estatales y federales hubieran actuado con rapidez para dar prioridad a los hogares de ancianos en los primeros días del brote.
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