Vida Sana
El año pasado, los estafadores acusados de fraudes relacionados con la COVID-19 intentaron recolectar más de $569 millones del Gobierno federal y de ciudadanos desprevenidos, según un compendio del Departamento de Justicia (en inglés) que se publicó el viernes y donde se resumen algunos de los casos más infames.
Los siguientes son fragmentos de lo que el departamento llamó un “histórico” esfuerzo para detectar y desestabilizar los fraudes vinculados con la COVID:
- Se vendía blanqueador industrial como tratamiento contra la COVID-19. Y también gas ozono, suplementos vitamínicos y ungüentos de plata coloidal.
- Los fraudes que involucraban beneficios de compensación por desempleo proliferaron; incluso se llenaban solicitudes con nombres de prisioneros. Una mujer de Virginia, de 28 años, se declaró culpable (en inglés) el 18 de marzo después de presentar reclamos de por lo menos 37 personas —entre ellas, 15 eran presos— y esto causó una pérdida de casi medio millón de fondos federales.
- Infinidad de personas presuntamente se aprovecharon del Programa de Protección de Pago y estafaron muchos millones de dólares. Los fondos tenían como fin mantener a flote a los negocios pequeños y que estos pagaran a sus trabajadores; sin embargo, en vez de eso, los acusados gastaron sus millones obtenidos fraudulentamente en comprar joyería, vehículos de lujo, bienes inmuebles y valores, además de otras compras ilícitas.
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Enorme cantidad de casos relacionados con la COVID
Breve resumen en cifras: el Departamento de Justicia presentó casos penales en contra de 474 personas acusadas de fraudes relacionados con la COVID-19; se cerraron cientos de sitios web fraudulentos que facilitaban las estafas a consumidores; y se tomaron decenas de medidas para “desestabilizar las redes financieras que apoyaban dichas estafas”. Entre los esfuerzos continuos del departamento y sus colaboradores se encuentran prevenir y disuadir los fraudes relacionados con la vacuna.
“El Departamento de Justicia ha dirigido una histórica iniciativa de cumplimiento de la ley para detectar y desestabilizar los fraudes relacionados con la COVID-19”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland en una declaración. “El impacto del trabajo que el departamento ha realizado hasta la fecha envía un mensaje claro e indiscutible a quienes pensarían en explotar una emergencia nacional para robar los recursos financiados por contribuyentes que se destinan a pequeños negocios e individuos vulnerables. Estamos comprometidos a proteger a las personas del país y la integridad de los medios críticos de sustento que el Congreso les proporciona, y continuaremos respondiendo a este desafío”.
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