Un iceberg de delitos invisibles: es urgente combatir el fraude a los consumidores

Un problema multigeneracional

Todas las generaciones corren riesgos, incluso los niños, que pueden ser objeto de robo de identidad. Los adultos más jóvenes declaran haber perdido dinero en estafas con más frecuencia que los adultos mayores. Sin embargo, también sabemos que cuando los adultos mayores son víctima de estafas, el impacto puede ser realmente grave. Los estafadores suelen obtener más dinero (en inglés) de sus víctimas de más edad. Y estas víctimas están en una etapa de la vida en la que tienen menos posibilidades de recuperarse económicamente.

Pienso en personas como la mujer de 80 años que le informó a AARP que había perdido $13,000 en una estafa de asistencia técnica, y la viuda que entregó $39,000 en un fraude de romance que agotó todos sus ahorros. (Sin duda, las pérdidas pueden ser mucho mayores, como la del hombre que nos informó haber perdido $465,000 en una estafa de criptomoneda).

El impacto personal

Por muy indignantes que sean estas cifras, el precio personal no puede medirse solo en dinero. Casi dos de cada tres víctimas de fraude declaran haber sufrido al menos un efecto emocional o físico grave (en inglés). Las víctimas se sienten humilladas. La pérdida de dinero puede crear tensión en las relaciones familiares.

¿Y cómo podemos ponerle precio al sentimiento de vergüenza y culpa, o a la pérdida de la dignidad propia que puede implicar ser una víctima?

No es de extrañar que con frecuencia el fraude no se denuncie. 

Las víctimas pueden no contarlo a sus familiares por temor a que se cuestione su capacidad para manejar sus asuntos financieros. La policía suele decir a los damnificados que su situación es un asunto civil y no un delito (se equivocan), por lo que, incluso cuando las víctimas intentan hacer la denuncia, pueden ser ignoradas. 

Incluso si quieren denunciar la estafa, es posible que no sepan a quién dirigirse. Además, a veces ni siquiera se dan cuenta de que han sido objeto de una estafa.

Lucha contra el fraude al consumidor

Nancy LeaMond

Jared Soares

Proporcionar información al consumidor es una parte importante de la respuesta, y la Red contra el Fraude, de AARP, está liderando este proceso. En las últimas semanas, nuestra red alertó al público sobre los piratas de porches que roban artículos en la puerta de su casa, las estafas en las compras en línea, los fraudes con tarjetas de regalo y una serie de estafas relacionadas con la COVID-19, que incluyen ofertas falsas para ayudar a las personas a obtener beneficios funerarios del Gobierno. Los socios han expresado su deseo de recibir información útil, y nosotros se la hemos proporcionado. El año pasado logramos llegar a más de 1.4 millones de personas, por no mencionar la infinidad de consumidores a quienes proporcionamos información mediante numerosos seminarios virtuales y teleasambleas. Además, logramos ayudar a más de 130,000 personas por medio de nuestra línea de ayuda de la Red contra el Fraude, un recurso gratuito que pone en contacto a los socios y los no socios con especialistas en fraude. 

Sin embargo, la sociedad no puede resolver esta situación con campañas de información. Lo que realmente se necesita es un ataque frontal al fraude al consumidor en sus múltiples formas. Para ello será necesaria una intervención mucho más decidida de las fuerzas del orden, las entidades reguladoras y los legisladores. 

La policía, los investigadores federales y los fiscales necesitan más incentivos para combatir estos delitos financieros. Los legisladores deben prestar más atención a todos los costos del fraude, no solo a las cuentas bancarias de las personas, sino también a su tranquilidad. 

Pese a lo preocupante de las circunstancias, algunos adelantos recientes son alentadores. El Congreso y la Comisión Federal de Comunicaciones persiguen ahora las llamadas automatizadas ilegales. La Fuerza contra el fraude transnacional a las personas mayores, del Departamento de Justicia, se ocupa de los casos de fraude de origen extranjero. Todas las fiscalías de EE.UU. ahora disponen de un coordinador de justicia para los adultos mayores. 

Si bien estas medidas se consideran positivas, no son suficientes para proteger al público. El fraude al consumidor es un problema complejo y cada vez mayor. Todavía no conocemos toda su magnitud. La situación actual deja a millones de personas expuestas, ya que los estafadores siguen perfeccionando sus técnicas y se vuelven aún más peligrosos. 

El mensaje debe ser claro para nuestros dirigentes: ha llegado el momento de invertir en un plan coordinado y a gran escala para combatir esta amenaza. Deberíamos hacer mucho más para proteger a las personas inocentes en nuestro país.

Nancy LeaMond es directora de Activismo Legislativo y Compromiso de AARP.