La batalla de las zonas rurales de EE.UU. por un internet más rápido

Lo que implica la división

El servicio de internet de "banda ancha" está definido actualmente por el Gobierno federal como una velocidad mínima de descarga de 25 megabits por segundo (Mbps), y una velocidad de subida de 3 Mbps, conocida como "25/3". Tan solo el 1.4% de los hogares en zonas urbanas no tienen acceso a internet a esa velocidad. Pero en las zonas rurales del país, el 26.9% de los hogares no pueden conectarse a esa velocidad.

Y esa norma de "25/3" es un estándar cada vez más bajo, dadas las exigencias de los hogares modernos: una persona transmite un programa de televisión mientras otra transmite música mientras otra realiza una videoconferencia. "Si tienes una familia de cuatro personas trabajando y estudiando en casa, 25 Mbps en total no son suficientes", dice Christopher Ali, un profesor de University of Virginia que estudia la brecha digital. "Ahí es cuando tu video se detiene, tu audio se salta o tu conexión se congela".

Costos y barreras

Los proveedores de internet son empresas con fines de lucro, por lo que gran parte de la brecha digital está causada por la economía. "El cableado de fibra óptica puede costar entre $3,000 y $8,000 por casa", dice Tyler Cooper, jefe de redacción de BroadbandNow. "Hay muy poco retorno de la inversión para los proveedores en un área como esa".

Otro factor es la legislación que bloquea la competencia: la investigación de BroadbandNow encontró que 22 estados han promulgado barreras o prohibiciones para establecer redes sin fines de lucro de propiedad municipal que son similares a los servicios públicos.

El acceso a internet a través de una antena parabólica parece una posible solución, ya que eliminaría la necesidad de enterrar las costosas líneas de fibra. Pero los expertos dicen que la tecnología de los satélites suele ser lenta y poco confiable. Aunque algunas compañías de antenas parabólicas promocionan velocidades de banda ancha de 25/3, en realidad suelen registrar 10/1 o 5/1. En una encuesta de hogares del 2019 que Purdue University llevó a cabo, solo una cuarta parte de los encuestados estaban satisfechos con el servicio de satélite, mientras que más de la mitad de los usuarios de cable y servicios inalámbricos fijos estaban satisfechos.

Hacia las soluciones

Anne Boothe describe su ciudad natal de Malta, Montana, como "a 100 millas del Walmart más cercano y a 200 millas del aeropuerto más cercano". Pero Boothe, que es abuela y trabaja a distancia, está satisfecha con su acceso a la banda ancha, que se proporciona por medio de líneas de fibra óptica a través de Triangle Communications, una cooperativa propiedad de sus miembros. Comenzó en los años 50 como una compañía telefónica. "Nuestra cooperativa obtuvo préstamos federales para ampliar la red", dice Boothe, de 62 años, quien disfruta charlar con sus nietos en Oregón a través de Zoom. "Tenemos muy poca población, menos de una persona por milla cuadrada. Pero con nuestra banda ancha, los cónyuges de los granjeros pueden trabajar a distancia, los jubilados pueden permanecer conectados, y hemos evitado el éxodo de los jóvenes que se van para siempre".

Estas cooperativas no tienen la presión de generar un retorno de la inversión rápido, señala Geoff Feiss, gerente general de la Montana Telecommunications Association. "Pueden invertir en áreas donde las compañías que cotizan en bolsa no pueden justificar el gasto".

Otras soluciones incluyen las redes municipales, en las que las ciudades y los pueblos emiten bonos para cubrir los costos de expansión de la red. Unas 125 comunidades de todo el país —la mayoría con poblaciones de menos de 25,000 habitantes— operan este tipo de servicios de banda ancha, dice Christopher Mitchell, director de banda ancha del Institute for Local Self-Reliance, con sede en Minneapolis. Cientos de otros municipios operan redes limitadas o participan en asociaciones público-privadas. Pero la investigación de BroadbandNow encontró que 22 estados tienen leyes que prohíben la competencia del sector público con empresas de telecomunicaciones con fines de lucro.

El Gobierno federal asigna aproximadamente $6,000 millones al año para el acceso a internet en las zonas rurales, pero incluso es posible que esas mejoras no logren que algunas áreas cumplan con los estándares de banda ancha de la industria. "Eso es mantener atrasadas las zonas rurales del país", dice Ali, profesor de University of Virginia. AARP está entre las organizaciones que buscan conseguir más fondos, y enfatizan la necesidad de un servicio de telemedicina confiable para los adultos mayores en el país. AARP ha alentado a los legisladores federales y estatales a que asignen más recursos para la infraestructura de banda ancha, e incluso ha abogado por asignaciones adicionales en los proyectos de ley para el alivio del coronavirus y ha hecho hincapié sobre la importancia del tema ante la FCC. El distanciamiento social ha amplificado el problema. "Esta emergencia nacional", dice Feiss, "ha expuesto tanto los beneficios de la banda ancha, como las lagunas y los desafíos que quedan".