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El Seguro Social es un sistema enorme y complejo que realiza pagos por más de $1,400 billones al mes a casi de 67 millones de jubilados, personas con discapacidades y sus familiares según datos del 2023. Es tremendamente popular: Un estudio de AARP de junio del 2023 (en inglés) infl halló que el 96% de los adultos mayores considera el Seguro Social como un programa importante del gobierno y 71% dice que su valor aumentó en medio de la crisis económica del COVID-19 y la alta inflación. Y es esencial para la salud financiera de los adultos mayores, proporcionando la mayoría de los ingresos familiares para dos de cada cinco personas mayores de 65 años.
Dada la importancia del Seguro Social, las inquietudes sobre su estado actual y futuro son comprensibles y muy extendidas. Algunas de esas inquietudes, así como los muchos cambios que ha experimentado el programa en sus 85 años, han dado lugar a ideas equivocadas sobre cómo se financia y cómo funciona. A continuación esclarecemos 10 de los mitos más persistentes sobre el Seguro Social.
Mito #1: El Seguro Social va a quebrar
La realidad: Mientras que los trabajadores y los empleadores continúen pagando impuestos sobre la nómina, el Seguro Social no se quedará sin dinero. Es un sistema de reparto: los ingresos que se recaudan de los impuestos FICA (Ley de Contribución Federal al Seguro Social) y SECA (Ley de Contribuciones de Trabajo por Cuenta Propia) cubren la mayor parte de los beneficios distribuidos.
Es cierto que el Seguro Social enfrenta desafíos de financiación. Durante décadas recaudó más de lo que desembolsaba y acumuló un excedente de $2,790 billones al final del 2023. Pero el sistema está empezando a pagar más de lo que recauda, principalmente porque la población de jubilados está creciendo más deprisa que la población activa, y los jubilados también viven más tiempo. Si no se modifica la manera en que se financia el Seguro Social, se proyecta que el excedente se agotará en el 2035, de acuerdo con un el último reporte anual de fondos fiduciarios.
Incluso entonces, el Seguro Social no estará en bancarrota. Seguirá recaudando ingresos de los impuestos y pagando beneficios. Pero solo tendrá fondos suficientes para pagar el 83% de los beneficios programados, según las estimaciones más recientes. Para evitar este desenlace, el Congreso tendría que tomar medidas para apuntalar las finanzas del Seguro Social como ya hizo en 1983, la última vez que el programa casi agotó sus reservas. Estos pasos incluyeron aumentar la edad plena de jubilación (ver el mito 2), incrementar la tasa del impuesto sobre la nómina e introducir un impuesto sobre los beneficios (ver el mito 8).
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Mito #2: La edad de jubilación para el Seguro Social es 65 años
La realidad: La edad plena de jubilación —la edad a la que un trabajador reúne los requisitos para solicitar el 100% de los beneficios que se determinan a partir de los ingresos que ha acumulado durante toda su vida— es actualmente de 66 años y 8 meses para las personas nacidas en 1958. Durante los próximos años, la edad plena de jubilación tendrá aumentos de dos meses hasta llegar a los 67 años para quienes nacieron de 1960 en adelante.
El umbral de 65 años fue una realidad del Seguro Social por mucho tiempo, y luego se convirtió en un mito. Cuando se creó el Seguro Social en 1935, se fijó la edad de elegibilidad de 65 años. Durante las décadas posteriores se redujo la edad mínima de jubilación a los 62 años, que era cuando las personas podían solicitar un beneficio reducido, pero se mantuvo la edad de 65 como la edad plena de jubilación.
Eso cambió con la reestructuración de 1983, cuando se elevó la edad de jubilación para reducir los costos del Seguro Social. El aumento se está implementando gradualmente; el 2002 fue el último año en el que las personas que cumplían 65 años pudieron solicitar el beneficio completo.
Mito #3: El aumento anual por ajuste por costo de vida (COLA) está garantizado
La realidad: Desde 1975, la ley del Seguro Social ha estipulado que los beneficios se ajusten anualmente para mantener el ritmo de la inflación. Pero no existe un requisito que establezca que este ajuste por costo de vida (COLA) constituya un aumento anual.
El COLA está vinculado a un índice federal de precios de bienes y servicios de consumo conocido como CPI-W. Los beneficios se ajustan anualmente basados en cambios en el CPI-W desde el tercer trimestre de un año hasta el tercer trimestre del siguiente año. En el último trimeste del 2023, el índice mostró un aumento del 3.2% en los precios, por lo que los beneficios del 2024 aumentarán 3.2%.
Pero si el índice no muestra un aumento en los precios que se pueda medir estadísticamente —es decir, si esencialmente no hay inflación—, entonces no se produce un ajuste de los beneficios. Esto ha sucedido tres veces desde que se adoptó la fórmula actual: en el 2010, el 2011 y el 2016. Tanto si se produce o no un aumento en los beneficios, este proceso es automático; no requiere la participación del presidente ni del Congreso. Estos tendrían que actuar especialmente para cambiar el COLA.
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