Vida Sana
| Millones de adultos de 50 a 59 años en Estados Unidos que cuentan con el programa federal SNAP (Programa Suplementario de Asistencia Nutricional) (en inglés), el que ayuda a poner alimentos en la mesa de familias poco pudientes, se agregarían a la lista de aquellos que deben trabajar o recibir capacitación laboral no perder el beneficio. Esto, de acuerdo con un proyecto de ley redactado por los republicanos de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y sometido a votación recientemente.
SNAP, también conocido como cupones de alimentos, es el programa federal de asistencia en asuntos domésticos más grande del país. Ayuda a proveer alimentos para 43 millones de adultos en Estados Unidos, incluidos 10 millones de adultos mayores de 50 años. El programa SNAP está incluido en el proyecto de Ley Agrícola, que el comité sometió a la Cámara de Representantes con 26 votos de los republicanos a favor y 20 votos de los demócratas en contra.
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Actualmente, los beneficiarios de SNAP que deben trabajar para recibir beneficios incluyen a los adultos sin hijos de entre 18 y 49 años que no estén discapacitados. La legislación ampliaría el requisito de trabajo para incluir a los adultos hasta la edad de 59 años y a las personas que cuidan a niños mayores de 6 años. El proyecto de ley establece periodos más cortos para que los beneficiarios de SNAP encuentren trabajo y aumentan las sanciones si no lo encuentran.
Los beneficiaros de SNAP cubiertos por el requisito de trabajo tendrían que documentar, cada mes, que están trabajando o recibiendo capacitación laboral por 20 horas a la semana. La primera vez que ese requisito deje de cumplirse significaría una pérdida de beneficios por un año. Volver a no cumplir con el requisito resultaría en la exclusión del beneficiario del programa SNAP por tres años.
"Negar el acceso individual a los beneficios de SNAP por hasta tres años por no haber podido cumplir con los requisitos más rigurosos de trabajo podría aumentar la inseguridad alimentaria y probablemente tenga consecuencias negativas en la salud", dijo Joyce A. Rogers, vicepresidenta sénior de Asuntos Gubernamentales de AARP, en una carta al presidente y miembro de más alto rango de la Comisión de Agricultura.
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