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¿Las medidas ejecutivas de la Casa Blanca brindarán alivio del coronavirus a las familias?

AARP se opone al cambio del impuesto de nómina y pide al presidente que explique su plan para reemplazar el financiamiento actual del Seguro Social.


spinner image La bandera estadounidense con la Casa Blanca detrás
Getty Images

El 8 de agosto, el presidente Trump firmó cuatro medidas ejecutivas sobre temas que abarcan desde los impuestos del Seguro Social hasta los préstamos estudiantiles. Sin embargo, toda la ayuda que puedan brindar estas medidas está destinada a demorarse mientras los tribunales determinan si son constitucionales.

El presidente emitió las órdenes después de que las negociaciones entre los representantes de la Casa Blanca y el Congreso no lograran un acuerdo con respecto a una nueva legislación que responda al impacto generalizado que la pandemia de COVID-19 ha tenido en las familias de todo el país. A principios de este año, los legisladores federales aprobaron varias leyes de alivio que incluyeron la Ley CARES, que proporcionó beneficios fundamentales como cheques de estímulo no recurrentes de hasta $1,200 por persona, así como mejores beneficios por desempleo que añadieron $600 por semana y una moratoria federal de los desalojos. Sin embargo, el aumento de los beneficios por desempleo y la moratoria de desalojos finalizaron a fines de julio y dejaron a millones de personas luchando por mantener sus finanzas a flote durante una crisis internacional de salud pública.

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Algunas de las medidas ejecutivas del presidente —si no todas— están destinadas a ser impugnadas en los tribunales y también encontrarán obstáculos en su implementación, incluso si se establece su constitucionalidad. Tal como se emitieron, las órdenes abarcan cuatro áreas.

Aplazamiento de impuestos de nómina

En cada cheque de pago, el Gobierno federal recauda impuestos específicos sobre la nómina de los trabajadores y empleadores para financiar los beneficios del Seguro Social y Medicare. El comunicado ejecutivo del presidente le solicita al Departamento del Tesoro que aplace sin intereses el 6.2% que recaudó de los empleados para el Seguro Social durante cuatro meses, desde el 1.° de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2020. El aplazamiento se aplicaría a los trabajadores que ganan aproximadamente $104,000 por año o menos. Esto no ofrecería ningún alivio a quienes ya no trabajan ni reciben un cheque de pago.

Según el comunicado ejecutivo, los trabajadores seguirían estando obligados a pagar estos impuestos del 2020, pero podrían optar por hacerlo en una sola suma global a fin de año en vez de hacerlo en cada cheque de pago. No está claro si los empleadores actualizarán los sistemas de nómina para ofrecer esta opción ni si los trabajadores optarían por usarla si pudieran hacerlo.

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Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva de AARP, expresó su preocupación por la posible suspensión de los impuestos de nómina y, en cambio, instó al Congreso a que apruebe otro proyecto de ley de alivio por coronavirus que beneficie a todas las familias afectadas por la pandemia.

“Ahora que las personas en el país enfrentan el doble impacto del coronavirus en su salud y en sus finanzas, el Seguro Social es más importante que nunca. Sin embargo, este planteamiento agudiza los temores y las preocupaciones ya acentuados sobre su seguridad financiera y su jubilación. Los beneficios garantizados del Seguro Social son indispensables. Las familias afectadas por el coronavirus necesitan ayuda con urgencia, y consideramos que una medida bipartidista del Congreso sobre otro proyecto de ley de alivio por coronavirus es la solución adecuada”.

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En una conferencia de prensa del 12 de agosto, el presidente Trump dijo que, si es reelegido, "vamos a acabar con el impuesto de nómina tras el comienzo del nuevo año". El 13 de agosto, la directora ejecutiva de AARP, Jo Ann Jenkins, envió al presidente una carta solicitando una explicación más detallada de sus declaraciones recientes en las que sugiere la eliminación del financiamiento actualmente dedicado al Seguro Social. 

“Durante 85 años, la base del Seguro Social ha sido la contribución de los trabajadores y los empleadores al programa, y los trabajadores adquieren el derecho a los beneficios a través de su trabajo”, dijo Jenkins. “AARP considera que la eliminación permanente de las contribuciones de nómina pondrá en riesgo los beneficios del Seguro Social para los jubilados actuales y futuros”.

Beneficios por desempleo

Según esta medida ejecutiva, quienes tienen derecho a recibir beneficios por desempleo recibirían hasta $400 adicionales cada semana, una reducción de $200 por semana de lo que tenían derecho a recibir hasta fines de julio según la Ley CARES. Sin embargo, para poder recibir este beneficio adicional (que no es una extensión del pago de $600 que dispuso la Ley CARES) el estado antes tiene que estar de acuerdo en participar en el nuevo programa y pagar el primer 25% ($100) de dicho beneficio. Muchos estados que han percibido menos recaudaciones impositivas debido a los cierres de emergencia tal vez no estén dispuestos a participar.

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Algunos estados ya han tenido que pedirle un préstamo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para cubrir su participación habitual en los beneficios por desempleo. De la misma manera, al igual que los sistemas informáticos de algunos estados lucharon para atender la avalancha de solicitudes de desempleo que se presentaron al comienzo de la pandemia, podrían enfrentar dificultades tecnológicas al implementar este nuevo beneficio que se propone. Además, los fondos federales para este mayor beneficio provendrían del fondo de ayuda para catástrofes de FEMA, lo cual dejaría a este recurso con una cantidad menor de dinero.

Desalojos

Si bien la moratoria de desalojos que dispuso la Ley CARES se limitó a las viviendas que recibían alguna forma de subsidio del Gobierno federal, esa disposición, de hecho, ofreció un alivio temporal a los hogares que enfrentaron dificultades financieras. La orden ejecutiva del 8 de agosto con respecto a los desalojos solo dispone que las secretarías de los departamentos del Tesoro y Vivienda y Desarrollo Urbano determinen si hay fondos federales que se podrían usar para ayudar a quienes luchan por pagar su alquiler o su hipoteca debido a la pandemia. El secretario de Salud y Servicios Humanos y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también tienen instrucciones de evaluar si los desalojos están contribuyendo a la propagación de la COVID-19.

Préstamos estudiantiles

Esta medida ejecutiva extendería hasta fin de año el alivio de préstamos estudiantiles que dispuso la Ley CARES, que estaba programado para finalizar el 30 de septiembre. Según la nueva medida, los prestatarios no tendrían que efectuar pagos de préstamos estudiantiles federales hasta el 31 de diciembre del 2020. Durante ese período, estos préstamos no devengarían intereses y los recaudadores de deudas también suspenderían temporalmente sus gestiones.

Debido a que estas medidas ya son por lo general parte de las gestiones del Departamento de Educación de Estados Unidos, esta medida ejecutiva podría ofrecer un alivio económico inmediato a algunas personas del país.

Nota de redacción: este artículo se publicó originalmente el 10 de agosto, y ha sido actualizado con información correspondiente a la carta de AARP.

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