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El Congreso se prepara para proteger a los consumidores de las facturas médicas "sorpresa"

Los cargos inesperados añaden miles de dólares a lo que pagan los pacientes por cuidados de salud.


spinner image Una factura médica vencida que en color rojo dice en inglés Past Due
Getty Images

Según las disposiciones incluidas en la legislación de fin de año del Congreso, que también prevé un rescate económico por la COVID-19 y medidas para financiar el Gobierno federal hasta la mayor parte del 2021, los consumidores estarían protegidos contra gastos de bolsillo inesperados por atención médica, incluso si tienen seguro médico.

Las disposiciones relacionadas con las facturas médicas sorpresa entrarán en vigor en el 2022.

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Para muchas personas, tener un seguro de salud no las protege de las enormes facturas médicas que llegan por sorpresa después de haber recibido la atención que necesitan. Estos cargos sorpresa por lo general surgen de la "facturación de saldos", una práctica que ocurre cuando alguien recibe cuidados de un médico, hospital u otra instalación médica que no es parte de la red de su seguro de salud. La mayoría de los seguros cubren algunos de los cargos fuera de la red, pero por lo general se pide a los consumidores que paguen la diferencia entre lo que se facturó y lo que pagó la compañía aseguradora. Generalmente, los consumidores desconocen que estaban recibiendo atención de un proveedor que no era parte de la misma red, especialmente cuando se va a una sala de emergencias de un hospital que no está en la red de su plan de seguro médico.

“Aunque no es perfecta, la legislación para prevenir la facturación sorpresa ofrece fuertes protecciones para los consumidores. Las personas ya no tendrán que pagar costosas facturas de proveedores que no eligieron o sobre los que no tenían control”

— Andrew Scholnick, representante legislativo sénior de AARP.

Según un acuerdo bipartidista incluido en el proyecto de ley sobre gastos federales y alivio económico por la COVID-19, a los pacientes que reciben atención en una sala de emergencias se les facturará la tarifa dentro de la red por esa atención, ya sea que sean tratados o no en un centro de la red.

Los pacientes también serían "exonerados" de cualquier cargo en ciertas situaciones que no son de emergencia, en las que reciben atención de un proveedor fuera de la red. Por ejemplo, si alguien va a un hospital y no puede elegir quién le administra la anestesia, el patólogo que procesa su análisis de laboratorio o el radiólogo que lee sus radiografías u otra prueba de diagnóstico, no se puede facturar al paciente por el saldo no cubierto porque alguien resulta ser un proveedor fuera de la red. Una excepción a esta disposición sería si el proveedor informa al paciente, 72 horas antes de brindar la atención, que el proveedor está fuera de la red del paciente y el paciente da su consentimiento para dicha atención, así como los cargos adicionales que la acompañan.

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La legislación también prevé un árbitro independiente para resolver las disputas de pago entre proveedores y aseguradoras si no pueden resolver el problema mediante la negociación. Pero dice explícitamente que el paciente no será parte de esa disputa.

No es raro que los médicos y otros proveedores dejen de participar en la red de una aseguradora. Según esta legislación, si el proveedor de un paciente abandona la red de seguros, el paciente puede continuar viendo a ese médico y pagar las tarifas dentro de la red durante los próximos 90 días mientras busca otro proveedor.

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"Aunque no es perfecta, la legislación para prevenir la facturación sorpresa ofrece fuertes protecciones para los consumidores", dice Andrew Scholnick, representante legislativo sénior de AARP. "Las personas ya no tendrán que pagar costosas facturas de proveedores que no eligieron o sobre los que no tenían control".

Medicare y Medicaid ya prohíben la facturación de saldos, pero las personas con seguro privado no tienen esa protección. AARP ha estado impulsando esta legislación durante varios años.

AARP también ha pedido a las aseguradoras que mantengan actualizados los directorios de sus proveedores para que los pacientes no acudan sin saberlo a médicos o centros fuera de la red. Según esta legislación, las aseguradoras deben actualizar sus directorios cada 90 días y deben proporcionar a los consumidores herramientas y números de teléfono accesibles en línea.

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