Vida Sana
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos parecían reacios a derogar la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ley ACA), según se desprende de sus comentarios y preguntas durante dos horas de argumentos presentados ante este tribunal el 10 de noviembre. Lo que está en juego es una ley que —como AARP y otros defensores sostienen— es un instrumento esencial para el cuidado de la salud de millones de personas, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
Las posiciones en contra y a favor de la ley se centraron mayormente en el impacto de la decisión del Congreso en el 2017 de cancelar la penalidad que debían pagar los contribuyentes que no cumplían con el mandato individual establecido por la ley, el cual exigía que la mayoría de las personas del país tuvieran seguro de salud. El punto de discusión era si la cancelación de la penalidad convertía a la ley en inconstitucional en su totalidad.
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“Creo que es difícil argumentar que la intención del Congreso era que la ley en su totalidad perdiera valor si se cancelaba el mandato, cuando el mismo Congreso que redujo la penalidad a cero ni siquiera intentó derogar el resto de la ley”, le dijo el juez y presidente de la Corte Suprema John Roberts a Kyle Hawkins, el fiscal general de Texas, quien presentó los argumentos en nombre de quienes solicitan que el tribunal derogue la ley ACA. “Creo sinceramente que querían que la corte hiciera eso. Pero esa no es nuestra tarea".
El caso que cuestiona la constitucionalidad de la ley ACA fue presentado originalmente por Texas, 18 estados, y dos individuos. En diciembre del 2019, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que el mandato individual era inconstitucional. Envió el resto de la demanda judicial al tribunal inferior de distrito con la orden de revisar cada disposición de la ley ACA a fin de determinar si las otras provisiones podían separarse del mandato y permanecer intactas. AARP y AARP Foundation se unieron a 17 estados y muchas otras organizaciones de defensa y solicitaron al tribunal supremo que anulara ese fallo.
“Los jueces se mostraron escépticos ante la teoría de que un mandato individual sin una penalidad respalde un cuestionamiento de la ley ACA”, dijo William Rivera, vicepresidente sénior de Litigios en AARP Foundation. “Y hasta donde lo haga, tuvieron problemas para ver el motivo por el cual el resto de la ley no podría sobrevivir sin el mandato. De cualquier manera, tenemos esperanzas de que no prospere el pedido de anulación".
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