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AARP al Congreso: se necesita transparencia y supervisión en los hogares de ancianos

La directora estatal de AARP Louisiana pide a los legisladores que se aumente la vigilancia de los hogares de ancianos y se haga público más datos sobre la COVID-19.


spinner image Dos funcionarios de salud empujan una camilla junto a una ambulancia
JASON REDMOND/AFP via Getty Images

¿Que tendría que pasar para que las autoridades federales aumenten la vigilancia de los hogares de ancianos del país y les exijan mayor transparencia?

"Si 175,000 muertes no bastan para motivar medidas enérgicas, nada lo hará", dijo Denise Bottcher, directora estatal de la oficina de AARP Louisiana, ante un grupo de legisladores el 17 de marzo. Dicha cifra representa el saldo de muertes por COVID-19 entre los residentes y empleados de centros de cuidados a largo plazo.

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Bottcher, que trabaja en un estado donde han fallecido casi 3,000 personas a causa de la COVID-19 en centros de cuidados a largo plazo, rindió su declaración en una audiencia sobre los hogares de ancianos convocada por el Comité de Finanzas del Senado (en inglés). Dicha audiencia formó parte de una serie de actos celebrados por el Congreso con el fin de indagar las consecuencias que la pandemia ha tenido en los centros de cuidados a largo plazo y en las personas mayores de este país. Los residentes y empleados de centros de cuidados a largo plazo han representado más de un tercio de las muertes vinculadas a la pandemia en Estados Unidos, y se han confirmado más de 1.3 millones de contagios entre esta población.

Bottcher, al igual que otros expertos del sector que hicieron declaraciones en la audiencia, señaló los problemas de supervisión y transparencia que existen desde hace mucho tiempo y que contribuyeron al impacto desproporcionado que la pandemia ha tenido en los residentes y empleados. Si bien las recientes vacunaciones han contribuido a una marcada reducción de los casos y muertes por COVID-19, las vacunas no bastan para resolver los problemas de esta industria, según indicaron en sus declaraciones. "Se necesita mucho más para proteger a los residentes de hogares de ancianos", dijo Bottcher ante el panel del Senado. "La consecuencia de no tomar medidas será que una madre o un padre muera".

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Bottcher destacó el plan de cinco medidas que AARP propone a fin de proteger y atender mejor a los residentes y empleados de los hogares de ancianos, así como a sus familiares, entre los que se incluye dotar los centros de suficiente personal y equipos de protección personal (PPE), brindar una mayor transparencia y no otorgar inmunidad legal a estos centros.

En la audiencia también rindió su declaración Adelina Ramos, auxiliar certificada de enfermería en el Genesis HealthCare en Greenville, Rhode Island. Ramos declaró que, en el transcurso de aproximadamente un mes durante el año pasado, la COVID-19 cobró la vida de 20 residentes y de un auxiliar de enfermería en el centro. Además, Ramos describió cómo la escasez de personal y de PPE continúan afectando a los hogares de ancianos de todo el país. Según los datos recopilados por el AARP's Nursing Home Dashboard (en inglés) —el registro de AARP de casos de COVID-19 en los hogares de ancianos—, el 11% de los hogares de ancianos del país, como promedio, informaron de una escasez de PPE durante las cuatro semanas que finalizaron el 14 de febrero, y más del 25% informaron de una escasez de personal en el mismo período.

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Ramos pidió que el Congreso redoble las medidas de supervisión de los hogares de ancianos y que aumente el salario mínimo para que los empleos como el suyo sean más atractivos en el mercado laboral. "Antes de la pandemia, ya teníamos este problema", dijo Ramos acerca de la escasez de personal. "Y ahora con la pandemia, la situación está peor".

Por otra parte, varios legisladores y expertos señalaron las disparidades en el impacto desproporcionado que ha tenido la COVID-19 en ciertas poblaciones y grupos socioeconómicos. Tamara Konetzka, profesora de Salud Pública en University of Chicago, citó sus propias investigaciones (en inglés) en que se reveló que las cifras de casos y muertes por COVID-19 en los hogares de ancianos con mayor proporción de residentes no blancos fueron más de tres veces mayores que en los hogares cuyos residentes son predominantemente blancos.

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"Estas disparidades en las muertes por COVID-19 son el resultado de inequidades que se remontan a generaciones atrás en la sociedad y en la atención médica", indicó Ron Wyden, senador demócrata de Oregón y presidente del Comité de Finanzas del Senado. "Para desmantelarlas será necesario contar con grandes esfuerzos de este comité, entre otros".

Sin embargo, Konetzka y Bottcher afirmaron que es imposible evaluar plenamente el impacto de la COVID-19 en comunidades y hogares específicos porque son muy escasos los datos que están a disposición del público. Asimismo, indicaron que una mayor transparencia permitiría que los expertos y académicos comprendieran mejor la situación, al tiempo que facilitaría los esfuerzos de las autoridades y grupos fiscalizadores por exigir cuentas a los infractores.

"Para combatir las disparidades en materia de salud en todo el país, incluidas las que se presentan en los hogares de ancianos y en otros centros de cuidados a largo plazo, necesitamos mejores datos", dijo Bottcher. "Es importante que el Gobierno federal recabe datos e informe públicamente de los casos, muertes, comorbilidades e índices de pruebas, desglosados por diversas categorías demográficas".

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