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Los estados toman medidas contra las operaciones inmobiliarias abusivas

30 estados aprueban leyes respaldadas por AARP que prohíben los acuerdos inmobiliarios injustos.


spinner image Una persona firma un contrato de bienes raíces detrás de una imagen de una llave y una casa encima de monedas apiladas.
Witthaya Prasongsin/Getty Images

En los últimos dos años, docenas de estados han aprobado leyes respaldadas por AARP para proteger a los consumidores de acuerdos inmobiliarios injustos, en los que los corredores intercambian un pequeño pago en efectivo por adelantado por el derecho futuro de vender la casa de una persona.

También conocidos como contratos de beneficios para propietarios de viviendas ('homeowner benefit agreements'), la comercialización de estos contratos se ha centrado en propietarios con problemas de liquidez —sobre todo los adultos mayores— y pueden ser vinculantes hasta por 40 años.

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Eso significa que si el propietario o sus herederos venden la propiedad más tarde usando otro agente diferente, podrían verse obligados a pagar una multa, que generalmente es de hasta el 3% del precio de la casa. A menudo, la multa puede ser mucho mayor que el desembolso de dinero original.

Las legislaturas estatales en Minnesota, Illinois y Luisiana son las últimas en aprobar legislación que prohíbe estos acuerdos, llevando el total a 30 en todo el país. Se unieron a legisladores en Carolina del Sur, Connecticut, Hawái, Oklahoma, Indiana, Virginia Occidental, Arizona, Kentucky, Oregón y Nebraska, quienes también aprobaron leyes este año para proteger a los consumidores de este tipo de acuerdos. En Hawái e Illinois los proyectos de ley están para la consideración de sus respectivos gobernadores, quienes se espera que los firmen.

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En el 2023, Utah, Maryland, Dakota del Norte, Idaho, Georgia, Tennessee, Colorado, Alabama, Florida, Iowa, Maine, Nevada, Ohio, el estado de Washington, Carolina del Norte y California aprobaron leyes similares.

Los propietarios de viviendas mayores confían en los legisladores estatales para protegerlos del fraude y el engaño, dijo Andrew Muhl, director de Defensa de Derechos de AARP Louisiana, donde el gobernador  Jeff Landry convirtió el proyecto en ley el 28 de mayo.

"Para muchos adultos mayores, su hogar es su activo más importante y la piedra angular de su estabilidad financiera", dijo. "También pueden ser especialmente vulnerables a prácticas injustas y ofensivas".

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Una victoria para los propietarios

Los acuerdos de beneficios para propietarios están siendo desafiados por los fiscales generales en 11 estados. Los propietarios de viviendas que firman estos acuerdos se han quejado de que no sabían que los contratos se inscribirían en sus registros de la propiedad y podrían complicar futuras transacciones y ventas de propiedades.

Los contratos también se transfieren a los familiares que heredan la propiedad tras el fallecimiento del propietario, lo que significa que, en virtud de este tipo de acuerdo, esos familiares también se verían obligados a utilizar un agente de ventas específico para una venta o se enfrentarían a sanciones económicas.

A menudo, los propietarios que firman estos acuerdos dicen que no se les dio tiempo para revisar los documentos o que no entendieron los términos antes de firmar.

En Connecticut, por ejemplo, muchos se enteraron de los términos de su acuerdo solo cuando se preparaban para cerrar la venta o refinanciar su hogar, dijo el fiscal general de Connecticut, William Tong, en un testimonio apoyando la legislación de ese estado a principios de este año.

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Dijo que se han registrado alrededor de 400 de estos acuerdos en los registros de tierras de Connecticut, y los propietarios han sido obligados a pagar "cantidades exorbitantes" para que los retiren. 

AARP colaboró con la Asociación Americana de Títulos de Propiedad (ALTA) para crear una legislación modelo que los estados pudieran seguir, con el objetivo de aprobar una ley en todos los 50 estados.

"Cada vez que una legislatura estatal deja claro que estos tipos de acuerdos injustos no son bienvenidos en sus estados, es absolutamente una victoria para la protección de los consumidores y es una victoria para los derechos de propiedad de las personas", dijo Elizabeth Blosser, vicepresidente para Asuntos Gubernamentales de ALTA en una entrevista con AARP.

Proteger los activos financieros

Aunque los detalles varían según el estado, las leyes suelen limitar la duración de estos acuerdos e impiden que se inscriban en los registros de la propiedad o que se ejecuten mediante embargos. Algunas de las leyes permiten eliminar los acuerdos anteriores de los registros de la propiedad y permiten a los propietarios afectados reclamar daños y perjuicios.

Dijo que los miembros de la organización, que facilitan los cierres inmobiliarios en todo el país, se han encontrado con innumerables consumidores que han sufrido pérdidas financieras a causa de estos acuerdos, ya sea una penalización por utilizar un agente inmobiliario diferente o los honorarios legales para lograr eliminar el acuerdo de su escritura.

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"No debería haber restricciones irrazonables a la capacidad de alguien para transferir o financiar su propiedad", dijo Blosser.

Samar Jha, director de Asuntos Gubernamentales de AARP a cargo de temas de vivienda, señaló que en todo el país estas leyes se han aprobado con un abrumador apoyo bipartidista y una oposición mínima.

"Está claro que es un tema que preocupa a todos los propietarios", dijo.

AARP lleva mucho tiempo trabajando para garantizar que las personas mayores tengan la estabilidad financiera necesaria para envejecer en sus propios hogares y comunidades.

Jha dijo que AARP espera respaldar la ley hasta que sea promulgada en los otros estados. Incluso si las empresas que venden estos acuerdos no operan ahora en un estado concreto, añadió Jha, "eso no significa que no pueda ocurrir. Sigue siendo una práctica que debe prohibirse".

Conéctate a nuestro pódcast, The Perfect Scam (en inglés), para escuchar la experiencia de un propietario que fue engañado para firmar uno de estos acuerdos. 

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