Vida Sana
Las últimas novedades sobre el precio de los medicamentos, la ley AHCA y el impuesto por edad.
El alto costo de los medicamentos recetados es la preocupación principal de las personas en cuanto a la salud en Estados Unidos. Es fácil comprender el porqué. Desde el 2006, el costo promedio de la provisión anual de medicamentos para una persona que sufre una enfermedad crónica aumentó más del doble, y ahora supera los $11,000. Esto es alrededor de las tres cuartas partes del beneficio de jubilación promedio que otorga el Seguro Social.
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tienen que esperar para surtir una receta, o tomar menor cantidad de la dosis recetada para que el medicamento les dure más, o simplemente deciden no comprar el medicamento que se les recetó. A menos que los costos bajen, las personas no podrán comprar los medicamentos que necesitan, lo que llevará a una población menos saludable y a costos más altos para el cuidado de la salud.
Tanto republicanos como demócratas están pidiendo que se reduzca el precio de los medicamentos. Sus propuestas incluyen permitir que Medicare negocie los precios y legalizar la compra de medicamentos recetados en Canadá y Europa. En su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso, el presidente Donald Trump declaró que necesitamos "trabajar para reducir el costo artificialmente alto de los medicamentos y reducirlos inmediatamente". Exijamos que el presidente cumpla su promesa.
La preocupación de la población por el precio de los medicamentos es parte del problema más amplio del cuidado de la salud en general. Eso quedó demostrado en el debate reciente sobre la ley American Health Care Act (AHCA) propuesta. A medida que el impacto potencial de la ley se hacía evidente, la población urgió a sus representantes a que se opusieran.
La ley era deficiente desde un principio. Habría agregado un impuesto por edad a las personas mayores, aumentado drásticamente sus primas de seguro y rebajado los subsidios para el seguro médico. Habría dejado sin cobertura a 24 millones de personas que actualmente tienen seguro. También habría otorgado exenciones fiscales por $200,000 millones a las compañías farmacéuticas y de seguros.
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