Vida Sana
Aproximadamente la mitad de los 4.7 millones de adultos en Estados Unidos de bajos ingresos que reciben asistencia federal para el pago de sus viviendas pagarían más en alquiler y muchos estarían sujetos a requisitos de trabajo como parte de una revisión importante del programa de subsidios que la administración del presidente Trump ha propuesto.
El secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Ben Carson, le ha pedido al Congreso que apruebe la ley, lo que que triplicaría el alquiler mínimo de algunas de las familias más necesitadas de la nación de $50 al mes a $150, y aumentaría el porcentaje que otras familias pobres deberían pagar de un 30% de sus ingresos brutos al 35%. El plan también eliminaría las deducciones permitidas a esos ingresos relacionadas con el cuidado de niños y los gastos médicos, algo que podría ser especialmente costoso para los adultos mayores con gastos médicos elevados.
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"Al eliminar las deducciones de los ingresos de los hogares con altos gastos médicos y de cuidado de niños, el HUD estaría descargando gran parte de los aumentos de alquiler en los adultos mayores, las personas con discapacidades y las familias con niños pequeños; los mismos grupos de población que ya tienen un riesgo significativo de perder sus hogares", dice Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la National Low Income Housing Coalition.
El plan de Carson eximiría a los beneficiarios actuales de 62 años y más, y a las personas con discapacidades, de los aumentos de alquiler por los primeros seis años. Sin embargo, todos los inquilinos nuevos tendrían que pagar el alquiler más alto inmediatamente. Los alquileres se calcularían cada tres años en vez de cada año, algo que los funcionarios del HUD afirman aliviaría la "carga administrativa de las autoridades de la vivienda pública, los propietarios y los residentes", y permitiría que los ingresos de los residentes aumentaran por varios años antes de una subida de alquiler.
El proyecto de ley también les permitiría a las agencias de la vivienda pública o a los propietarios imponer requisitos de trabajo o capacitación laboral a los inquilinos menores de 65 años con subsidios. Muy pocas de las autoridades de la vivienda pública tienen el requisito laboral en la actualidad.
Según la National Low Income Housing Coalition, de los hogares que reciben asistencia con los gastos de la vivienda, solo el 6% incluye a adultos que no trabajan y que no son ni mayores ni tienen impedimentos físicos para trabajar.
El programa de asistencia con los gastos de la vivienda del HUD es el tercer programa federal que pudiera imponer requisitos de trabajo a los beneficiarios como condición de recibir estos beneficios de protección social. El Departamento de Salud y Servicios Humanos les ha dado permiso a varios estados para imponer normas de trabajo a ciertos beneficiarios de Medicaid (en inglés), y el proyecto de ley de la Cámara de Representantes que reautoriza el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional —SNAP, o cupones de alimentos— incluye normas de trabajo.
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