El presidente toma medidas que debilitarán la ley de salud

El presidente Trump asestó dos golpes, uno detrás del otro, a la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA). Anunció la eliminación del pago a las compañías aseguradoras de los subsidios que ayudan a las personas de ingresos más bajos a costear el cuidado de la salud. La medida fue tomada apenas horas después de la firma de un decreto presidencial que, según dice el presidente, promoverá una mayor competencia en el mercado de seguros de salud.

Los pagos a las compañías aseguradoras ayudan a financiar subsidios que asisten a las personas de bajos ingresos en el pago de los deducibles, los copagos y otros gastos de bolsillo relacionados con el cuidado de la salud. Hacía meses que el presidente amenazaba con suspender el pago de estos subsidios.

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La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad sin afiliación política, había estimado antes que si se suspendiera el pago de subsidios, las primas de las personas que compran los planes de seguro más populares en el mercado de seguros de salud de la ley ACA se dispararían un 20% el año próximo y un 25% para el año 2020.

El presidente tomó estas medidas apenas dos semanas antes de que comience el período de inscripción abierta del mercado de seguros médicos. Las compañías aseguradoras habían amenazado con dejar el mercado si se eliminaban los subsidios. Algunos estados ya han expresado su intención de confrontar esa decisión en los tribunales.

En los últimos meses, el Congreso intentó derogar y reemplazar la ley ACA varias veces. Los anuncios forman parte de la estrategia más reciente del presidente para continuar con esos intentos ante la falta de acción del Congreso. AARP se ha opuesto firmemente a cualquier derogación de la ley del cuidado de la salud.

El decreto presidencial da instrucciones al secretario de Trabajo para que considere ampliar la capacidad de las pequeñas empresas para formar lo que se conoce como planes de seguro médico a través de asociaciones ("association health plans"). Estos planes podrían eludir muchas regulaciones estatales y federales sobre seguros. Podrían, por ejemplo, estar exentos de las reglamentaciones de la ley ACA que protegen a las personas mayores en el país y a quienes tienen trastornos de salud preexistentes para que no se les cobren primas muchísimo más altas, y podrían también estar exentos del requisito que establece esa misma ley de ofrecer beneficios de salud que son esenciales, como atención en las salas de emergencia y servicios de salud mental.