Vida Sana
A medida que la COVID-19 se extiende por la nación, muchos de los 15,600 hogares de ancianos en Estados Unidos se encuentran entre los lugares más peligrosos donde podrías estar.
Según varios análisis, más de un tercio de las personas que murieron por el virus en los primeros meses de la pandemia eran residentes o empleados de hogares de ancianos. Los hogares de ancianos representaron más de la mitad (en inglés) de todas las muertes relacionadas con la COVID-19 en al menos 18 estados.
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Los relatos individuales son horrendos. En Brooklyn, un hogar de ancianos reportó 55 muertes por coronavirus. En Nueva Jersey, la policía descubrió cuerpos en una morgue improvisada en un establecimiento. En un hogar de ancianos en las afueras de Richmond, Virginia, una cuarta parte de los residentes (por lo menos 45) murieron a causa del virus.
De pronto, la industria de los hogares de ancianos, que durante tanto tiempo se manejó fuera de la vista del público, se encuentra bajo la lupa. Elaine Ryan, vicepresidenta de Defensa de Derechos y Estrategias Estatales de AARP, señala que el brote hará que los residentes de hogares de ancianos y sus familiares cuestionen si muchos centros deberían seguir existiendo. “Creo que a medida que los datos sean más claros, todos ellos van a reconsiderar si los hogares de ancianos son los mejores y más seguros lugares para vivir”, indica Ryan.
Pero el cambio será difícil.
La industria de los hogares de ancianos, que albergan a más de 1.3 millones de residentes, existe en gran medida por necesidad. Casi todas estas personas no pueden cuidarse a sí mismas y no tienen recursos para buscar otras opciones o familiares con quienes puedan vivir. Para muchos adultos mayores, los hogares de ancianos son la única opción, dice Patricia McGinnis, directora ejecutiva de California Advocates for Nursing Home Reform.
Gran parte de esta industria se financia con recaudaciones impositivas. El Gobierno federal dispone que todos los estados presten y paguen cuidados en hogares de ancianos para todos los adultos mayores y las personas con discapacidades que reúnan los requisitos para recibirlos. Estos cuidados se brindan por medio de programas estatales de Medicaid, financiados principalmente por aportes del Gobierno federal.
Medicaid actualmente paga las facturas de más del 60% de los residentes de hogares de ancianos a un costo de más de $41,000 millones al año. Sin embargo, dado que Medicaid es un programa híbrido federal-estatal, los estados tienen cierto poder de decisión sobre sus gastos, por lo que los beneficios pueden variar considerablemente según el lugar donde vivas.
Además de esas dificultades, también hay diversos tipos de hogares de ancianos, y con frecuencia tienen distintos entes supervisores o exigencias. Por ejemplo, los hogares de ancianos para veteranos están a cargo del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA). Los hogares de ancianos que prestan servicios a quienes padecen demencia tienen exigencias muy diferentes a las de otros centros. Por lo menos el 70% de los hogares de ancianos son empresas con fines de lucro. Muchos ofrecen otros servicios en sus centros, como rehabilitación a corto plazo (que paga Medicare) para mantener las camas ocupadas y preservar el flujo de ingresos.
Ahora que la industria debe rendir cuentas, los expertos esperan que la pandemia inspire un cambio.
AARP entrevistó a más de doce expertos nacionales para conocer su punto de vista sobre los aspectos que ha sacado a relucir la crisis y lo que debe suceder para que la industria sea segura.
Problema 1: aplicación poco estricta de las normas en los hogares de ancianos
El senador de Estados Unidos Chuck Grassley (republicano por Iowa) respondió a la crisis con un llamado a una rigurosa supervisión de los hogares de ancianos. El Gobierno federal tiene la responsabilidad primordial de garantizar que “las decenas de miles de millones de dólares provenientes de recaudaciones impositivas que pagan el cuidado a largo plazo” se aprovechen bien y paguen una excelente atención, indicó Grassley en una declaración.
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