Vida Sana
A principios de agosto, después de meses de deliberación, Christian Living Communities anunció que exigiría que todos los trabajadores de sus seis comunidades de cuidados a largo plazo en Colorado estén completamente vacunados contra la COVID-19. Si los empleados no recibían la vacuna —o una exención religiosa o médica válida— antes del 1.º octubre, ya no tendrían trabajo.
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En la mayoría de los centros, el mandato tuvo el efecto esperado: las vacunaciones aumentaron. Pero en un centro en la zona rural de Colorado, muchos trabajadores no accedieron a hacerlo. Así que la cadena sin fines de lucro pospuso la fecha límite hasta fines de octubre.
“No podemos prescindir de los miembros del equipo”, dijo Jill Vitale-Aussem, presidenta y directora ejecutiva de Christian Living Communities, a quien le preocupó que muchos de los trabajadores abandonaran el empleo. “Sí, corremos el riesgo de que no se vacunen, pero también corremos un gran riesgo si no los tenemos para cuidar de los residentes”.
“Es difícil”, dijo. “Hay riesgos de ambas maneras”.
Al igual que en los centros de Christian Living Communities, las órdenes de vacunación en los hogares de ancianos de todo el país parecen estar aumentando las inoculaciones. La tasa nacional de vacunación del personal de los hogares de ancianos aumentó del 67 al 74% entre mediados de septiembre y mediados de octubre, según un análisis de AARP sobre datos del Gobierno, a medida que una ola de cadenas de hogares de ancianos, centros individuales y estados activaron los requisitos para los trabajadores. Ese es el mayor aumento mensual desde que AARP comenzó a rastrear los datos de vacunación contra la COVID-19 en junio.
Un mandato federal (enlace en inglés) para la mayoría del personal de los centros de cuidado de salud que reciben fondos de Medicare o Medicaid, que incluye a los hogares de ancianos, también entrará en vigor a principios de enero.
Pero a pesar de que los mandatos parecen estar funcionando, muchos operadores de centros de cuidados a largo plazo dicen que esto está intensificando la escasez de personal. Eso es especialmente cierto en los sectores del país donde la indecisión sobre la vacuna es alta. Si bien la escasez de personal y la alta rotación han afectado durante mucho tiempo a la fuerza laboral de cuidados a largo plazo, la pandemia ha exacerbado la situación, lo que ha suscitado más preocupaciones sobre la atención inadecuada de los residentes. La pandemia ha causado la muerte de más de 186,000 residentes e integrantes del personal (enlace en inglés) de los centros de cuidados a largo plazo, incluidos hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros entornos, lo que representa más de una cuarta parte de todas las muertes por coronavirus en Estados Unidos.
Según un análisis de AARP, casi un tercio de los más de 15,000 hogares de ancianos del país reportaron recientemente una escasez de enfermeros o auxiliares, lo que representa el peor déficit mensual desde que el Gobierno comenzó a recopilar datos sobre la COVID-19 en los hogares de ancianos en mayo del 2020. En Maine, Washington y Minnesota, más del 60% de los centros reportaron escasez de personal. En Alaska, el 81% lo reportaron.
Una encuesta reciente (enlace en inglés) entre 1,200 proveedores de cuidados para adultos mayores realizada por la American Health Care Association y el National Center for Assisted Living (AHCA/NCAL), que cabildea a favor de más de 14,000 hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo en todo el país, muestra una imagen aún más sombría: el 99% de los hogares de ancianos y el 96% de los centros de vida asistida dijeron que no tenían suficientes trabajadores. Y más de un tercio de los hogares de ancianos dijeron que les preocupaba mucho que el problema pudiera obligarlos a cerrar.
“Si bien apoyamos la intención general de esta política [federal], nos preocupa que la ejecución empeorará una crisis laboral ya grave en el sector de los cuidados a largo plazo”, dijo Mark Parkinson, presidente y director ejecutivo de AHCA/NCAL sobre el mandato federal.
Una ola creciente de mandatos de vacunación
Los requisitos para que los empleados de cuidados a largo plazo se vacunen no son uniformes. Algunas empresas privadas actuaron temprano, imponiéndolos tan pronto como los residentes y el personal recibieron prioridad para las vacunas contra la COVID-19 a fines del año pasado. Cuando la disponibilidad de vacunas aumentó y surgieron más datos sobre su seguridad y eficacia, más empresas siguieron el ejemplo.
Después de que California introdujo el primer mandato estatal de vacunación para los trabajadores de la salud, incluidos los que laboran en los hogares de ancianos, a principios de agosto, más estados se sumaron. Actualmente, alrededor de la mitad de todos los estados tienen mandatos activos de algún tipo, aunque muchos ofrecen pruebas y mascarillas regulares como una alternativa a la vacunación completa.
El presidente Biden anunció a mediados de agosto que todos los hogares de ancianos de EE.UU. que reciben fondos federales de Medicare y Medicaid —la gran mayoría de los centros— deben exigir que sus trabajadores estén completamente vacunados contra la COVID-19. La medida siguió las recomendaciones de AARP (enlace en inglés) de exigir la vacunación del personal de los hogares de ancianos y de los residentes. Más recientemente, la administración Biden anunció una fecha límite del 4 de enero para el cumplimiento de los trabajadores, sin la opción de someterse a pruebas. Los centros de vida asistida, de cuidado de la memoria y otros centros de cuidados a largo plazo están regulados por los estados y no están sujetos al mandato federal.
Los mandatos han dado lugar claramente a más vacunas. A mediados de octubre, las tasas de vacunación del personal superaron el 90% en Connecticut, Washington D.C., Massachusetts, Maine y Rhode Island, donde se han adoptado políticas de "vacunación o terminación". Las tasas también superaron el 90% en California y Hawái, que ofrecen alternativas de pruebas regulares a la vacunación completa.
Sin embargo, más de una cuarta parte de los trabajadores de hogares de ancianos en todo el país no habían recibido la vacuna a mediados de octubre, según el análisis de AARP. Y recientemente, incluso a medida que muchos mandatos entraron en vigor, los casos y muertes por COVID-19 en los hogares de ancianos aumentaron a sus niveles más altos a nivel nacional desde los picos del invierno pasado. Si bien la tasa de mortalidad fue solo alrededor de una décima parte de lo que fue el invierno pasado, las 2,000 muertes por COVID-19 que ocurrieron entre mediados de septiembre y mediados de octubre representan un aumento de seis veces desde principios del verano.
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