Lo que todo trabajador debe saber sobre las órdenes de vacunación

Esto es lo que los trabajadores deben saber sobre las órdenes de vacunación en la actualidad:

Legalmente, se te puede exigir que te vacunes o que te sometas a pruebas de COVID-19 con frecuencia.

Cuando las vacunas se pusieron a disposición del público a principios de este año, muchos expertos legales dijeron que los empleadores podían emitir órdenes de vacunación si así lo decidían, siempre y cuando proporcionaran exenciones para los trabajadores que sufrieran enfermedades o tuvieran creencias religiosas sinceras que les impidieran vacunarse. Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) declararon que las leyes federales no prohíben a los empleadores exigir la vacunación contra la COVID-19. El Departamento de Justicia de EE.UU. también ha declarado recientemente que los empresarios pueden exigir a sus trabajadores que se vacunen (en inglés).

"Un empleador puede exigir la vacunación para que un empleado conserve su puesto de trabajo porque se ha determinado, como cuestión de política pública y de derecho, que la COVID-19 es un importante problema de salud pública y que la propagación de esta puede reducirse al mínimo mediante el uso de vacunas", afirma Jay Rosenlieb, abogado especialista en derecho laboral del bufete de abogados Klein DeNatale Goldner en California.

Tal vez el punto de inflexión para las órdenes de vacunación de los empleadores se produjo en  julio del 2021, cuando el presidente Biden anunció que los empleados y los contratistas federales tendrían que vacunarse o cumplir con un proceso continuo de pruebas de la COVID-19, llevar una mascarilla y seguir políticas de distanciamiento físico. Con más de 2 millones de empleados en todo el país (el 28% de los cuales tienen 55 años o más), el Gobierno federal es el mayor empleador del país.

El 9 de septiembre, Biden anunció que la administración estaba haciendo que los requisitos de vacunación en el lugar de trabajo fueran aún más rigurosos. Los empleados de la rama ejecutiva federal y todos los contratistas federales ya no tendrán la opción de someterse a pruebas COVID regulares en lugar de vacunarse. Y los trabajadores de los centros de atención médica que reciben fondos federales de Medicare o Medicaid ahora también deberán vacunarse.

El 4 de noviembre, la Casa Blanca también emitió requisitos de vacunación para empleadores privados. Los trabajadores de empresas privadas que emplean al menos a 100 personas deberán vacunarse o someterse a pruebas semanales para detectar la infección por coronavirus, según una nueva regla de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de EE. UU. Todos los trabajadores de estas empresas serán elegibles para recibir tiempo libre remunerado para ir a vacunarse. Este requisito ha sido suspendido a la espera del resultado de los procesos judiciales. La Corte Suprema de los EE. UU. escuchará los argumentos sobre el mandato el 7 de enero. Si el requisito se considera legal, los empleados deberán vacunarse o someterse a pruebas semanales a partir del 9 de febrero.

Más de 80 millones de personas en todo el país podrían verse afectadas por este nuevo requisito de vacunación en el lugar de trabajo. Las empresas privadas que no cumplan con esta nueva regla federal podrían enfrentar fuertes multas.

Cabe señalar que muchos Gobiernos estatales y locales están tratando de aprobar políticas que, de diversas maneras, podrían afectar lo que los empresarios de su jurisdicción podrán hacer con respecto a las órdenes de vacunación. Por ejemplo, en mayo, Montana aprobó una ley que prohíbe a los empleadores emitir órdenes de vacunación (en inglés) e, incluso, preguntar a un trabajador si se ha vacunado. No está claro si estas nuevas leyes resistirán las demandas en los tribunales, que hasta ahora han confirmado la legalidad de las órdenes de vacunación. Y en las directrices de OSHA para los empleadores privados, la Casa Blanca aseveró que sus requisitos prevalecerán sobre todas las leyes estatales y locales acerca de las vacunas contra la COVID-19.

Podrían despedirte si no cumples con la política de vacunación o pruebas.

La elección de vacunarse o no contra la COVID-19 puede ser una decisión profundamente personal, y los empresarios lo tienen en cuenta cuando establecen la política para su lugar de trabajo. "Todas las organizaciones saben que habrá personas que no quieran vacunarse o a las que, aunque estén de acuerdo con la vacunación, no les guste que sea obligatoria", afirma Warrell.

Aun así, una vez que una empresa establece una política de vacunación, por lo general los trabajadores tienen que cumplirla o arriesgarse a perder su empleo, a menos que puedan acogerse a una exención médica o religiosa. Tomando un ejemplo destacado, CNN despidió recientemente a tres empleados no vacunados que supuestamente (en inglés) violaron la política de vacunación de la empresa al ir a la oficina.

Aunque la ley sobre las vacunas y los beneficios por desempleo aún está tomando forma, los expertos legales dicen que, si pierdes tu empleo porque no estás dispuesto a cumplir con la política de tu empleador, probablemente no podrás recibir los beneficios por desempleo.

"Es una cuestión abierta que se determinará estado por estado", dice Rosenlieb. "Sin embargo, la sensación general es que si [no vacunarse] es una decisión personal y no se debe a una enfermedad real que te impida vacunarte, entonces corres un riesgo muy serio de quedarte sin empleo y sin beneficios por desempleo".

Seltzer Torre añade: "Al no estar vacunado, el empleado estaría incumpliendo una política de la empresa, y ciertamente podría ser despedido por dicha razón; ello sería considerado el tipo de conducta indebida que descalificaría a la persona respecto a los beneficios por desempleo".

Varios estados han tomado medidas recientemente para aclarar si los trabajadores que pierden sus trabajos porque se niegan a vacunarse son elegibles para recibir beneficios por desempleo. Arkansas, Florida, Iowa, Kansas y Tennessee han aprobado leyes que permiten a los trabajadores que son despedidos por rechazar los mandatos de la vacuna COVID-19 cobrar beneficios por desempleo.

Kenneth Terrell es periodista y colaborador de AARP en los ámbitos de trabajo, empleo, discriminación por edad, carreras laborales y el Congreso. Anteriormente trabajó para la Education Writers Association y U.S. News & World Report, donde reportó sobre política y asuntos gubernamentales, educación, ciencia y tecnología, y estilos de vida.

Nota de la redacción: Este artículo se publicó originalmente el 20 de agosto del 2021. Ha sido actualizado con información más reciente.