Vida Sana
Al igual que muchos de nosotros, Kaj Miller, de 49 años, ya casi nunca contesta el teléfono de su casa. Pero cuando sonó en la mañana de un sábado en agosto del 2015, el identificador de llamadas decía "San Diego County Sheriff's Office" (Oficina del sheriff del condado de San Diego). Debido a que algunos de sus familiares habían tenido problemas con la ley a lo largo de los años, decidió contestar. Resultó ser que ella era la que estaba en problemas. El agente en el teléfono le dijo que no cumplió con su deber de jurado y que había órdenes de arrestarla inmediatamente.
Kaj no le creyó. "Había servido de jurado tres meses antes. Así que me resistí y le dije que pensaba que era una estafa. Le pedí hablar con su supervisor".
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El hombre en el teléfono dijo tranquilamente, "No hay problema", le dio el número de la oficina del sheriff y le dijo que preguntara por la División de servicios judiciales. Cuando llamó al número, una grabación le contestó con, "Oficina del sheriff del condado de San Diego", seguido por una serie de indicaciones. Oprimió el 3 para la "División de servicios judiciales".
El capitán Dwight Garrison contestó la llamada y, después de una pausa para verificar su problema, le dijo la misma historia: ella no había cumplido con varios deberes de jurado y tenía dos órdenes de arresto. "Desafortunadamente, porque es sábado, si no cooperas y me pagas la multa de $989, agentes de la policía irán a tu casa para arrestarte".
Kaj le dijo a Garrison que debía haber un error; él respondió amablemente y dijo que quizás tenía razón. Pero solo el tribunal podía determinarlo, y estaba cerrado. Mientras tanto, las órdenes estaban activas. La única manera de evitar el arresto era pagar la multa y luego poner las cosas en orden el lunes, cuando el tribunal volviera a abrir. De otro modo, era probable que Kaj pasara el resto del fin de semana en la cárcel.
Kaj todavía tenía dudas, pero la posibilidad de ser arrestada y tener que pasar una o dos noches en la cárcel la asustó mucho: "En ese momento me sentía asustada, nerviosa; no me gustaba para nada la situación. Estaba sola, era un sábado en la tarde. Sentía terror, mucho terror".
Así que decidió seguir las instrucciones de Garrison. Condujo hasta Walmart, como le indicaron, hizo un giro de $989 de MoneyGram, y le dio la información del giro y acceso inmediato al dinero.
Aún en el teléfono, Garrison le dijo que solo recibió parte del dinero, así que tenía que hacer otro giro para evitar el arresto. A esas alturas, Kaj ya no podía más. Después de discutir con Garrison, colgó el teléfono y esperó ansiosamente a que pasara el fin de semana.
El lunes, llamó al departamento de policía de San Diego y un agente confirmó sus temores.
El uso de celulares de contrabando en fraudes
El "capitán Dwight Garrison" en realidad estaba encarcelado a 2,200 millas de distancia en la Prisión Estatal Autry, una instalación de mediana seguridad en Pelham, Georgia. ¿Su verdadero nombre? Joseph Tate. Llevaba dos años cumpliendo una sentencia de 30 años por distribución de cocaína. Su compañero de celda, Jessee Lopez, era el primer "agente" con quien Kaj Miller habló; estaba cumpliendo una sentencia de 10 años en Autry por dos convicciones por robo.
Los dos hacían un buen equipo; durante un período de dos años, robaron más de $300,000 desde su celda al fingir ser policías y llamar a personas en todo el país para engañarlas con su estafa de servicio de jurado. Es un fraude común y relativamente simple que solo requiere un teléfono, un par de aplicaciones y una buena dosis de audacia para convencer a las víctimas a enviar dinero.
Lopez y Tate tenían todas estas herramientas. Y cada uno sabía cómo utilizar lo que tenía disponible. Lopez era el investigador; se quedaba despierto por días —drogado con cristal que se contrabandeaba a la prisión— para buscar a posibles víctimas a quien engañar, y la información sobre tribunales locales y los sheriffs que usarían en la estafa. Tate, un conversador experto, era el "cerrador de ventas", ya que tenía talento para convencer a las personas para que enviaran dinero. Hasta logró que un juez jubilado pagara más de $900 para que su hija, que supuestamente no cumplió su deber de jurado, no fuera arrestada.
Lopez y Tate no estaban solos en su negocio de fraude. Al menos 17 otros presos de Autry eran parte de la estafa.
Una de las partes más importantes de la conspiración era contrabandear celulares a la prisión. Por ley, los reclusos no pueden tenerlos. Pero a menudo superar eso es solo una cuestión de economía en la cárcel.
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