La crisis de COVID-19 en los centros de vida asistida del país pasa desapercibida

Una respuesta improvisada

Aunque los hogares de ancianos están regulados por el Gobierno federal (y dependen en gran medida de los fondos federales a través de Medicare y Medicaid), los centros de vida asistida, en su mayoría, no lo están; están certificados y regulados por los estados, y la mayoría funcionan con un modelo de pago privado.

La respuesta del Gobierno federal ante la COVID-19 en los hogares de ancianos ha sido ampliamente criticada por ser muy poca  y tardía cuando se trata de exigir y apoyar las pruebas, el equipo de protección personal (EPP) y las visitas entre los residentes y sus seres queridos. Pero con respecto a los centros de vida asistida, los estados están aún más solos.

"El Gobierno federal se ha mostrado un poco indiferente al respecto, por lo que las cosas han evolucionado de manera diferente de un lugar a otro", dice Ted Doyle, vicepresidente de Comunicaciones y ejecutivo fundador de LCB Senior Living, que administra 27 centros de vida asistida y de cuidados para pacientes con trastornos de la memoria en seis estados del noreste.

"Hemos estado trabajando estrechamente con diferentes departamentos de salud del estado para entender su punto de vista, para obtener asesoramiento y para intentar conseguir equipo de protección personal", dice Doyle. "Y aunque hemos tenido algo de suerte, hemos tenido que hacer la mayor parte por nuestra cuenta". Sus centros han perdido 54 residentes a los que se les diagnosticó COVID-19 en el momento de su muerte. El 7% de los residentes y el 7% del personal (unas 140 personas en cada categoría) también han dado positivo en algún momento en la prueba de COVID-19.

Las principales estrategias de mitigación de coronavirus, como las pruebas, el suministro de EPP y la dotación de personal, no se han aplicado de manera uniforme en todos los estados. Por ejemplo, Massachusetts ofreció pruebas gratuitas de la Guardia Nacional a los centros de vida asistida desde abril hasta mediados de junio, lo que fue "muy útil", según Brian Doherty, presidente y director ejecutivo de la Massachusetts Assisted Living Association. Desde que el programa cesó, no ha habido asistencia estatal ni reembolso por las pruebas a los centros de vida asistida, a pesar de que las pautas de Massachusetts recomiendan realizar pruebas en forma periódica.

En Kentucky, inicialmente se ofrecieron pruebas de detección gratuitas únicamente a los hogares de ancianos, y se dejó que las comunidades de vida asistida "se valieran por sí mismas", dice Betsy Johnson, presidenta del Kentucky Center for Assisted Living. En julio, el estado comenzó a ofrecer a los centros de vida asistida reembolsos por los costos de las muestras y los laboratorios, con el propósito de fomentar las pruebas de detección. Aunque el apoyo estatal "no fue tan rápido como queríamos", dice Johnson, continuará al menos hasta el final del año.

Aún así, hay confusión sobre cómo se realizarán las pruebas. "Los centros de vida asistida son un modelo de vida no médico, así que lo que el personal puede hacer, ya sea que tome las muestras para las pruebas o reciba capacitación para hacerlo, no está muy claro en este momento", dice Johnson. "Todavía estamos esperando orientación al respecto".

Incluso dentro de los estados, hay discrepancias. California, por ejemplo, tiene pautas para la realización de pruebas en los centros de vida asistida, pero delega la supervisión a los departamentos de salud de los condados, que a su vez tienen sus propias pautas. "A veces entran en conflicto", observa Clark, de Aegis. "Eso aumenta la confusión del dilema".

Han tenido que trazar su propio camino

En marzo, cuando Aegis se enfrentó a un primer brote de COVID-19 en uno de sus centros de Washington, cerró sus 32 centros y creó un grupo de trabajo sobre coronavirus para estudiar el virus, aplicar un mayor control de la infección, obtener y almacenar EPP, educar y capacitar al personal y hacer posible la telemedicina. Las pruebas del Gobierno eran difíciles de conseguir y lentas en dar resultados, por lo que la compañía se asoció con un laboratorio local para realizar las pruebas.

"Hemos sido muy agresivos; reunimos todos los recursos y todas las personas de nuestra lista de contactos para dar a nuestros residentes la mejor atención", dice Clark, cuyos centros ahora tienen solo seis casos. "De hecho, llamamos a los CDC y los invitamos a venir a [nuestros centros]. Le dijimos, 'queremos que vengan. Queremos que nos digan si lo que estamos haciendo es correcto'".

En marzo, después de un brote de COVID-19 en una conferencia sobre el cuidado de la salud en Boston, LCB Senior Living también tomó el asunto en sus propias manos. Sus más de 24 instalaciones comenzaron a almacenar EPP, se asociaron con agencias de enfermería para hacer frente a la escasez de personal y compraron pruebas privadas para garantizar los recursos adecuados. "Tuvimos que trazar nuestro propio camino", dice Doyle. "No podíamos esperar a que nos dijeran qué hacer". Todos los residentes del LCB están ahora libres de COVID, dice, aunque hay algunos casos entre el personal.

Pero trabajar de forma independiente ha sido difícil para los operadores de los centros de vida asistida. Cuando se trata de adquirir un nivel adecuado de EPP, por ejemplo, hay mucha competencia. La cadena de suministro es mejor que en los primeros meses de la pandemia, pero todavía hay escasez. "Es el Lejano Oeste", dice Doyle. "Hay estafadores que dicen tener mascarillas N-95, que resultan ser mascarillas de Halloween".

También es costoso. Según una encuesta de 193 proveedores del National Center for Assisted Living (NCAL) (en inglés), la mitad están operando con pérdidas. El 64% dijo que no podrán sostener otro año de operación al ritmo actual de aumento de los costos y pérdida de ingresos. "Estamos gastando lo que probablemente serán millones de dólares en temas relacionados con COVID, desde la capacitación del personal, el pago por condiciones de peligro, las pruebas pagadas por la agencia, hasta el EPP, todo tipo de cosas", explica Clark.

Un impulso para la ayuda federal

Las peticiones de más apoyo están empezando a oírse en Washington. A principios de septiembre, después de que los hogares de ancianos recibieran más de $21,000 millones en ayuda federal durante la pandemia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció (en inglés) que los centros de vida asistida privados podrían solicitar financiación a través de la Ley CARES. El mismo día, el HHS anunció que los centros de vida asistida recibirían una parte de los 150 millones de pruebas de antígeno nuevas que el Gobierno federal compró. Los centros de vida asistida quedaron fuera del programa inicial de asignación de pruebas de COVID-19.

Mientras tanto, la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) ha introducido una legislación (en inglés) que exige a los estados que informen los casos de COVID-19 en los centros de vida asistida, como lo hacen los hogares de ancianos, antes de que puedan recibir ayuda federal. A diferencia de los hogares de ancianos, a los que se les exige que informen sobre los datos de COVID-19 para su publicación semanal, los centros de vida asistida no tienen un sistema de informes cohesivo. La mayoría de los estados se han negado a identificar públicamente los casos y las muertes por coronavirus específicamente en las comunidades de vida asistida. Así que el número de víctimas en los centros de vida asistida aún está lejos de ser claro.

"El Gobierno federal ha tardado seis meses completos en reconocer que los centros de vida asistida son, en efecto, proveedores", dice Ryan, de AARP. "¿Cuántas personas han muerto en ese tiempo? ¿Cuántos centros se han quedado sin personal? ¿Cuántas personas no se han sometido a la prueba? ¿Cuántos casos de propagación asintomática se han dado?".